OTRA MALA LEGISLATURA PARA LA JUSTICIA.

A punto de terminar la XII Legislatura podemos concluir que ha sido otra mala legislatura para la Justicia.

Una mala legislatura porque no se han cumplido las expectativas que existían de revertir el estado actual de la justicia después de los nefastos mandatos de los ministros Gallardón y Catalá. 

Una legislatura caracterizada por el filibusterismo parlamentario debido al bloqueo de muchas reformas necesarias por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados dominada por PP y C´S con la táctica de infinitas ampliaciones del plazo de enmiendas.

Pero veamos lo que ha dado de sí la Legislatura en el ámbito de la Justicia:


-LEYES APROBADAS:

-Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Reforma para resolver el problema creado a través de la Dirección General de Tributos y su interpretación en relación con el devengo del IVA, pero que se resuelve con una reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita mal planteada y con un texto que, tal como está, puede dar muchos problemas puesto que está cambiando el modelo, declarando la obligatoriedad de prestar el servicio del turno de oficio a los abogados y no a los colegios de abogados.

Trámite parlamentario

-Ley 12/2017, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal.

Reforma para permitir nuevamente un plazo de dos años de adaptación digital al Ministerio Fiscal, además de mantener los diez días de plazo desde la recepción de las notificaciones para tenerlas por efectuadas, que no es más que la constatación de un indisimulado fracaso de las políticas del Ministerio de Justicia, desincentivando legislativamente la falta de actuación digital de la Fiscalía, además de suponer un quebranto de la igualdad de armas del proceso.

Trámite parlamentario

-Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.

Más de una década después de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008 y que recoge en su artículo 5 el derecho de igualdad, en su artículo 12 el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, incluido el ajuste a los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos en su artículo 13, y el derecho de participación en los asuntos públicos en su artículo 29, se garantiza la participación de las personas con discapacidad en el Tribunal del Jurado.

Trámite parlamentario

-Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.

Una transposición de una directiva de obligado cumplimiento, aprobada a toda prisa porque esta ley tenía que estar aprobada desde el pasado 22 de mayo de 2017. 

Otro ejemplo de la inacción y la mala gestión legislativa del Gobierno del PP en la transposición de directivas, que ya nos ha llevado a unos cuantos expedientes de la Comisión, a denuncias ante el Tribunal de Justicia europeo y a diversas multas. España tiene como retraso medio el doble de la media de la Unión Europea y tiene el tercer déficit más alto entre los Estados miembros en la transposición de directivas.

Además, con esta ley se modificó también la Ley de asistencia jurídica gratuita, y se hizo sin ni siquiera tener en cuenta el sector profesional en el que incide y sin debatir previamente con ellos la necesidad y la oportunidad de incorporar estas modificaciones de la ley. 

Trámite parlamentario

-Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Reforma para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas pero que sigue sin garantizar una alternativa habitacional para los casos de ocupación por necesidad.

Trámite parlamentario

-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Otra adaptación pendiente del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Pero con la introducción de una peligrosa disposición final tercera, que modificar la Ley de Régimen Electoral, que abre la puerta a autorizar a rastrear internet en busca de información ideológica de los ciudadanos para enviarles mensajes electorales personalizados a través de las redes sociales sin consentimiento previo.

Trámite parlamentario

-Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Seguramente la reforma legal más polémica de cuantas se han aprobado esta legislatura. Una proposición de ley cuya idea inicial era revertir los recortes del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de trabajadores y funcionarios a cuenta de la excusa de la crisis económica, como se había hecho ya con otros sectores de la Administración. 

De hecho, ese era el título de la proposición de ley cuando se presentó por parte del Grupo Popular en el Congreso: de reforma parcial del régimen de permisos y licencias; título que al llegar al Senado, curiosamente, ya había desaparecido por el de: reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a secas. El quid de la cuestión es que en esta reforma también se introdujo, por razones evidentes de urgencia al finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, el cambio de modelo. 

Reproduzco aquí mi intervención en el Pleno del Senado que resume lo sucedido: "En el Congreso se llegó a un acuerdo apoyado por 294 votos a favor que al menos suponía el certificado de defunción de la Ley 4/2013 del ministro Gallardón, que deriva en un funcionamiento del consejo cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado a una situación ciertamente caótica y seguramente al peor momento de descrédito de la justicia en España, culminada con el bochornoso espectáculo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el impuesto sobre los actos jurídicos documentados. Además, la reforma que vino del Congreso incorporaba de una vez por todas la paridad, para tratar que no se reproduzcan esas fotos de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de mujeres, y otras medidas de anticorrupción y transparencia. Y a partir de ahí llegamos al espectáculo radiado: PP y PSOE llegan a un acuerdo sobre la composición de los vocales del Consejo, como siempre, antes de que los candidatos ni siquiera se sometan al escrutinio de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Es más, incluso aparece en la prensa quién será el futuro presidente antes de ser designados los vocales que deberían elegirlo. Todo un desaguisado fruto de los acuerdos de despacho del bipartidismo, que es lo que ha desfigurado cualquier forma de elección del consejo que sobre el papel podía ser un buen sistema. Pero, bueno, todo más o menos como siempre han hecho PP y PSOE, hasta que aparece el famoso whatsapp de Cosidó, un homenaje a la independencia judicial: Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11/10 sino próximas al 21/0 y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala 61. Fenomenal, ¿no? Sigue el wasap: Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos terceras partes del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el PP y para el futuro de España. A partir de ahí, se produce la escenografía, la ruptura del pacto, y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de renovación del consejo. Nos hacen un corta y pega a toda prisa de la Ley Orgánica de 1980, con las audiencias territoriales y los juzgados de partido y de distrito incluidos, y nos justifican todo eso en una enmienda motivada como una mejora técnica. Tremendo. Y no nos vengan, señorías del Partido Popular, con la cantinela de que se han dado cuenta de que había un problema con el modelo, porque ya somos mayorcitos, que sin el wasap, aquí paz y después gloria. La reforma del sistema de elección del consejo necesita un debate sosegado y un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de una vez la politización de la justicia y sea respetuoso con lo que establece el artículo 117 de la Constitución, que algunos parecen olvidar: que la justicia emana del pueblo. Y guste más o guste menos, nosotros somos sus representantes. El problema del consejo no es la participación del Parlamento, sino la partitocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El problema es que el sistema de selección del PP y del PSOE ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos. En democracia, el respeto a los procedimientos legales en la elección de cargos tan importantes no es una mera cuestión de forma, sino de principios. Nosotros creemos que el sistema de elección debe tener, sobre todo, una base democrática, y por eso no defendemos un sistema basado únicamente en la designación corporativa, como el que ahora, deprisa y corriendo, nos proponen. Pero tampoco defendemos el sistema bipartidista que se sigue desde 1985, en el que se negocia a espaldas de las Cortes entre PP y PSOE y se nombra a personas a las que se les debe algo o para que deban algo. Entendemos que debería ser un proceso abierto y transparente en el que se elija a personas que van a desempeñar su cargo con independencia de interferencias partidarias, aunque, obviamente, el consejo ha de recoger el pluralismo social. La verdad es que el daño que han hecho ustedes a la justicia en estas pocas semanas costará mucho rehabilitarlo. Y hoy seguimos con un Consejo General del Poder Judicial en funciones y sin legitimidad, pero que sigue haciendo actos y nombramientos discrecionales, sin tener en cuenta los méritos y la capacidad".

Trámite parlamentario

-Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Primero de los traslados del Pacto de Estado en materia de violencia de género, básicamente sobre formación en género a los operadores jurídicos para no repetir violencia institucional. Una reforma que busca la adquisición de conocimientos sobre igualdad, no discriminación y violencia de género en las instituciones a la carrera judicial, en los cursos de la escuela judicial y en la formación continuada impartida por el Consejo. 

Trámite parlamentario

-Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.

Otra transposición tardía, ésta de la Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y a la información empresarial no divulgados, secretos comerciales, contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Una nueva reforma del Código Penal para trasponer tarde, otra vez, cuatro directivas de la Unión Europea, adaptar el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos de 2015 y adaptarlo, además, a los parámetros que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco. Un popurri que afecta a cuestiones tan dispares como el abuso de mercado con un bien jurídico protegido novedoso, algunos aspectos sobre delitos terroristas, lucha contra el fraude, tráfico de órganos humanos, falsificación del euro o aspectos de corrupción privada.

Una proposición de ley con una deficiente tramitación parlamentaria porque se inicia la tramitación para trasponer las directivas a través del Grupo Parlamentario Popular y no desde el Gobierno —en ese momento del señor Rajoy—, eludiendo conscientemente la participación preceptiva técnica de los órganos de la Administración General del Estado, de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Una reforma con una característica: desproporción de penas e indeterminación de los tipos penales, habitual en la deriva punitivista en la que nos encontramos a lo que añadiría una mala técnica jurídica. Tipos penales generados, algunos, por las sospechas o riesgos de radicalización que no permiten ni siquiera una rebaja de sus excesivas penas para adecuarse a las circunstancias de cada caso concreto o del riesgo real generado.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

Una modificación del Código Penal como respuesta a una demanda existente en nuestra sociedad, fundamentalmente en torno a dos cuestiones. La insuficiente penalidad máxima en las imprudencias, cuando ocasionan múltiples resultados lesivos o de muerte y la insatisfacción de la reforma penal del Partido Popular, que dejó en el año 2015 en una situación de notoria indefensión a las víctimas frente a las compañías aseguradoras.

Sin embargo la reforma solo establece medidas de populismo punitivo y mantiene los privilegios de las compañías aseguradoras. Además técnicamente la reforma es absolutamente deficiente, en palabras del catedrático Javier Álvarez o del fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Trámite parlamentario

-REALES DECRETOS:

-Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Regulación de urgencia toda vez que desde el 25 de mayo de 2018 resultaba directamente aplicable en España el reglamento de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos personales sin que se hubiera transpuesto a la legislación española y que chocaba en algunos puntos con la Ley de Protección de Datos de carácter personal de 1999.

Trámite parlamentario

-Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Una reforma de la ley de memoria histórica con la sola inclusión de un apartado tercero al artículo 16 con la siguiente redacción: "En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.".

Y ahí estamos a día de hoy pendientes de la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco.

Trámite parlamentario

Foto Irene Lingua

Pero si algo ha destacado en esta legislatura es precisamente todo lo que se ha quedado atascado en el Congreso por el bloqueo de la Mesa en un ejercicio de filibusterismo parlamentario ejercido por el Partido Popular y por Ciudadanos. Reformas para las que existía una mayoría parlamentaria como la derogación del infausto artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la recuperación de la justicia universal, la eutanasia o la inclusión como agravante en el Código Penal de la aporofobia, entre otras muchas.

Ahí va el listado de las leyes que se quedaron por el camino:


Proposiciones de ley que fueron tomadas en consideración e iniciaron su tramitación en la comisión de justicia:

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para modificar el artículo 315.3 CP que establece un tipo agravado de coacciones en caso de huelga.

Después de aprobarse por el Congreso su toma en consideración el pasado 16 de mayo de 2017, 49 ampliaciones del plazo de enmiendas, 13 ampliaciones del plazo de enmiendas al articulado y el rechazo a una enmienda a la totalidad de texto alternativo del PP han paralizado su tramitación.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.

Iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el exceso de aplicación del Código Penal que insta a derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático.

Después de aprobarse por el Congreso su toma en consideración el pasado 23 de octubre de 2018, 10 ampliaciones del plazo de enmiendas han paralizado su tramitación.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable.

Después de aprobarse por el Congreso su toma en consideración el pasado 10 de octubre de 2017, 11 ampliaciones de plazo de enmiendas, 39 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y el rechazo a dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo de PP y C´S han paralizado su tramitación.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La que más me ha dolido personalmente que no llegara a buen puerto en tanto en cuanto fue una iniciativa mía en el Senado, para incluir la aporofobia, el odio a los pobres, como un agravante en el Código Penal. Su toma en consideración fue aprobada en el Senado por unanimidad, asimismo en un acto organizado por Rais Fundación en el Congreso con la presencia del actor Richard Gere, todos los partidos se comprometieron a que la iniciativa se aprobara. 

Sin embargo 10 ampliaciones del plazo de enmiendas para una reforma de un artículo al que se añadían siete palabras han impedido que la reforma prosperara.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio

Proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya cuya toma en consideración fue aprobada el pasado 10 de mayo de 2018. Sin embargo, 25 ampliaciones del plazo de enmiendas han paralizado su tramitación.

Trámite parlamentario 

-Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.

Proposición de ley presentada por el PSOE cuya toma en consideración fue aprobada el pasado 26 de junio de 2018. Sin embargo 4 ampliaciones de plazo de enmiendas, 15 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y el rechazo a una enmienda a la totalidad de texto alternativo del PP han paralizado su tramitación.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso.

Iniciativa del PSOE que pretendía regresar al criterio de temeridad como regla general en la imposición de costas procesales, eliminando el criterio de vencimiento objetivo.

Su toma en consideración fue aprobada el 14 de noviembre de 2017. Sin embargo, se quedó en el trámite de enmiendas sin llegar a discutirse finalmente.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para acabar con la limitación de los plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A pesar de ser una exigencia de todas las asociaciones de jueces y fiscales, la iniciativa es el paradigma del filibusterismo parlamentario practicado por PP y C´S en la mesa del Congreso, pues habiendo una mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo la derogación, han bloqueado su tramitación. Así, se realizaron 57 ampliaciones del plazo de enmiendas, 5 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y el rechazo a una enmienda a la totalidad del texto alternativo del PP.

Finalmente como daba cuenta la prensa esta semana, se ha retirado la proposición de ley para que no existe ningún impedimento al gobierno para llevar a cabo la reforma a través de un Decreto-Ley. Ver noticia

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Iniciativa del PNV para derogar el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad. 

Otra iniciativa bloqueada a pesar de que fue aprobada su toma en consideración el 20 de diciembre de 2016. Esta vez fueron 79 ampliaciones del plazo de enmiendas para mantener en la nevera la posibilidad que fuera aprobada esta reforma.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.

Iniciativa de C´S. Otra iniciativa que se queda en el cajón. 11 ampliaciones de plazo de enmiendas y 14 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado que desvelan que al final no había voluntad real de que la ley saliera adelante ni siquiera por parte del proponente.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.

Iniciativa del PSOE para modificar y modernizar una ley como la del indulto que data ni más ni menos que de 1870. Otra reforma pues que se queda pendiente.

17 ampliaciones del plazo de enmiendas y otras 14 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y diversas comparecencias de expertos en su tramitación.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.

Iniciativa de varios grupos cuya toma en consideración fue aprobada el 20 de noviembre de 2018. A partir de ahí 5 ampliaciones de plazo de enmiendas y 4 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y fin de la legislatura.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.

Iniciativa presentada por el PP a fin de reconocer a los animales domésticos como seres sintientes y no como cosas. La toma en consideración fue aprobada el 13 de diciembre de 2017. Sin embargo, a pesar de que el texto se encontraba ya en fase de ponencia y sujeto a pequeñas modificaciones el adelanto electoral ha acabado con otra reforma imprescindible. 

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética.

Iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cuya toma en consideración fue aprobada el 18 de septiembre de 2018. A partir de ahí, 9 ampliaciones de enmiendas y 5 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y el rechazo a una enmienda a la totalidad del texto alternativo del PP.

La iniciativa se quedó en fase de informe en la comisión de justicia.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos

Iniciativa del grupo mixto (Compromis) cuya toma en consideración fue aprobada el 29 de junio de 2017 y cuya tramitación también se ha visto bloqueada con 19 ampliaciones de enmiendas y 24 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado.

La iniciativa se quedó en fase de informe en la comisión de justicia.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España.

Iniciativa del PSOE cuya toma en consideración fue aprobada el 30 de noviembre de 2017 y tras una larga tramitación en la comisión de justicia cuando la ley estaba a punto de aprobarse, se termina la legislatura.

Trámite parlamentario 

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal.

Iniciativa de ERC para recuperar la justicia universal que prácticamente liquidaron PSOE y sobre todo PP con sus reformas. 

A pesar que fue aprobada la toma en consideración de la proposición de ley en fecha 21 de febrero de 2017, después 33 ampliaciones de enmiendas, 26 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y una enmienda a la totalidad de texto alternativo del PP, la iniciativa quedó para informe en la Comisión de Justicia cuando se disuelven las Cortes.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l'Horta de Aldaia (Valencia/València)

Iniciativa del grupo mixto (Compromis) cuya toma en consideración fue aprobada en el Senado. Quedó la proposición de ley pendiente de informe en la comisión de justicia del Congreso pero la finalización de la legislatura hace que no pueda aprobarse.

Trámite legislativo

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco

Iniciativa del grupo mixto (Compromis) cuya toma en consideración fue aprobada en el Senado. Quedó la proposición de ley pendiente de informe en la comisión de justicia del Congreso pero la finalización de la legislatura hace que no pueda aprobarse.

Trámite legislativo

-Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles.

Iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cuya toma en consideración fue aprobada en el Senado. Quedó la proposición de ley pendiente de informe en la comisión de justicia del Congreso pero la finalización de la legislatura hace que no pueda aprobarse.

Trámite legislativo

-Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral.

Iniciativa de ERC cuya toma en consideración fue aprobada en el Senado. Después de 5 ampliaciones de enmiendas y 24 ampliaciones de enmiendas al articulado, el texto quedó para informe en la comisión de justicia del Congreso pero el final de la legislatura ha impedido la aprobación de otra necesaria reforma.

Trámite legislativo

-Proposición de Ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil 

Iniciativa de las Cortes de Aragón. Fue aprobada su toma en consideración en fecha 15 de noviembre de 2016 pero sin embargo quedó para informe en la Comisión de Justicia sin que llegara a aprobarse.

Trámite legislativo

Foto Irene Lingua

Proposiciones de ley que fue rechazada su toma en consideración:

-Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

Iniciativa de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, para reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado.

Intento del PP de tipificar como delito la participación de cualquier persona en la convocatoria y participación de consultas o referendums ilegales, criminalizando cualquier tipo de consultas populares.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia

Iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cuya toma en consideración fue rechazada el pasado 21 de marzo de 2017

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Iniciativa del PP para modificar una disposición adicional de la ampliación de los funcionarios competentes para formar parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, limitándose a cambiar los funcionarios competentes para esta comisión para que no sean únicamente del grupo A1 y sean también del grupo A.

-Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Iniciativa de C´S para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho

Iniciativa del PDCAT para revocar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la mayoría absoluta del PP en la X Legislatura, por la que le atribuye capacidades extra de sanción o de suspensión en su cargo a poderes públicos o a trabajadores públicos.

Trámite parlamentario


Proposiciones de ley que solo se presentaron pero que no iniciaron el trámite parlamentario:

-Proposición de Ley de supresión de tasas judiciales.

BOCG 09.09.16 Iniciativa: PSOE

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Código Penal.

BOCG 09.09.16 Iniciativa PSOE

-Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal.

BOCG 09.09.16 Iniciativa PSOE

-Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

BOCG 09.09.16 Iniciativa PSOE

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal

BOCG 09.09.16 Iniciativa: PSOE

-Proposición de Ley para el cómputo de la prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a menores cuando la víctima cumpla 30 años

BOCG 25.11.16 Iniciativa ERC

-Proposición de Ley Orgánica de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

BOCG 16.12.16 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal con el fin de posibilitar el enjuiciamiento de los casos de accidentes consecuencia de cualquier tipo de imprudencia y de evitar que el abandono de la víctima quede impune.

BOCG 23.12.16 Iniciativa: Grupo Mixto (PDCAT)

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

BOCG 30.01.17 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la mejor garantía de la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal.

BOCG 16.06.17 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley sobre modificación de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar

BOCG 23.06.17 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

BOCG 23.06.17 Iniciativa: PSOE

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Se añade un nuevo artículo 2 bis al CP)

BOCG 10.11.17 Iniciativa Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea - Grupo Mixto (PDCAT, Compromis, Bildu y Nueva Canaria)

-Proposición de Ley de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal

BOCG 02.02.18  Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley Orgánica para la modificación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

BOCG 02.03.18 Iniciativa: Grupo Mixto (PDCAT)

-Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

BOCG 16.03.18 Iniciativa: C´S

-Proposición de Ley reguladora del procedimiento de selección de candidatos a ocupar funciones jurisdiccionales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

BOCG 23.03.18 Iniciativa: PSOE

-Proposición de Ley "Sobrevivir no es delito" sobre despenalización de la venta ambulante

BOCG 06.04.18  Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar las demandas colectivas y agrupadas.

BOCG 06.04.18 Iniciativa: Grupo Mixto (Compromis)

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación del apartado 7.º del artículo 24.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

BOCG 07.05.18 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

BOCG 07.05.18 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de modificación del artículo 178 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

BOCG 24.05.18 Iniciativa: Grupo Mixto (UPN)

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades -especialmente las entidades sin fines lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

BPCG 13.07.18 Iniciativa: Grupo Mixto (PDCAT)

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sobre la pérdida de oportunidad asistencial por métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios entre los delitos contra la salud pública

BOCG 07.09.18 Iniciativa C´S

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial.

BOCG 20.07.18 Iniciativa C´S

-Proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo.

BOCG 21.09.18 Iniciativa: C´S

-Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.

BOCG 15.10.18 Iniciativa: PP 

-Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales.

BOCG 15.10.18 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la presencia de delegaciones de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en todas las Comunidades Autónomas.

BOCG 14.12.18 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales.

BOCG 21.12.18 Iniciativa: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos contra la libertad sexual.

BOCG 21.12.18 Iniciativa: PP 

-Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias especiales.

BOCG 21.12.18 Iniciativa: PP

-Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable.

BOCG 11.01.19 Iniciativa: PP

-Proposiciones de ley en las que el gobierno mostró su disconformidad con su tramitación:

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades -especialmente las entidades sin fines lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Iniciativa Grupo Mixto (PDCAT)

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades, especialmente las entidades sin fines lucrativos, y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 

Iniciativa: Grupo Mixto (PDCAT)

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de supresión de tasas judiciales.

Iniciativa: PSOE

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades -especialmente las entidades sin fines lucrativos- y de los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto de Sociedades.

Iniciativa: Grupo Mixto (PDCAT)

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley para la modificación del régimen de tasas judiciales y la exención a ciertas entidades.

Iniciativa: C´S

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación del apartado 7.º del artículo 241.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Iniciativa: Unidos Podemos - En Comú Podem  - En Marea

Trámite parlamentario

-Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Iniciativa: Unidos Podemos - En Comú Podem  - En Marea

Trámite parlamentario


A parte de ello, diversas proposiciones no de ley en el Congreso y mociones en el Senado fueron discutidas, aunque no las relaciono aquí, toda vez que a parte de su valor político, el hecho de que tras su aprobación se inste al gobierno a llevar a cabo lo acordado en las mismas, al final no deja de ser un brindis al sol, toda vez que el gobierno de turno no tiene la obligación de implementar lo acordado.

Y el mayor fracaso fue el de la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia que acabó decayendo sin acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Seguimos con el maltrato al turno de oficio, los retrasos injustificados en los pagos, lexnet, ...

Habrá que esperar pues a la XIII Legislatura ... 

No quiero acabar esta entrada sin agradecer el enorme trabajo de mis compañeros de grupo parlamentario en la comisión de justicia del Congreso: Edu Santos, Jaume Moya, Gloria Elizo, Sara Carreño, Meri Pita, Alicia Ramos y Ricardo Sixto, a mi compañera en el Senado, Celia Cánovas y a los técnicos en el Senado durante la legislatura, Patri, Gorka, Edu, Esther y Xabi.

Foto Irene Lingua 

SEPARACIÓN DE PODERES Y SONAMBULISMO TECNOLÓGICO

Cuando hablamos de separación de poderes o de independencia judicial pensamos en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, las intromisiones e injerencias del ejecutivo o en la falta de autonomía de la Fiscalía.

Y es un tema preocupante, no en vano, según los datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea de abril de 2017, España está a la cola de la Unión en independencia judicial, sólo superada por Bulgaria, Croacia y Eslovaquia.

Y según un informe del Foro Económico Mundial, de septiembre de 2017, que mide la influencia sobre los jueces de gobiernos, personas o empresas, España ocupa el puesto 58, de 137 países analizados.

Vaya, que la situación no es para estar satisfechos.

Pero cuando hablamos de separación de poderes e independencia judicial tenemos que hacerlo además desde una perspectiva del siglo XXI y no solo desde una perspectiva clásica. Y no se está haciendo.

El sonambulismo tecnológico consiste en la ignorancia que posee la sociedad con respecto al proceso de cambio que está sufriendo la humanidad debido a la tecnología. 

El concepto de sonambulismo tecnológico fue creado por el filósofo estadounidense Langdon Winner y es utilizado comúnmente en la filosofía de la tecnología.

¿Existe sonambulismo tecnológico en nuestra separación de poderes?

Es evidente que sí. Y les voy a poner un par de ejemplos.

Lexnet. Para los no iniciados, Lexnet es un sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia y al revés, es decir es un programa similar a un sistema de correo webmail. El problema es que quien gestiona Lexnet es el Ministerio de Justicia, es decir el gobierno y no el poder judicial y los servidores con toda la información están almacenados por una conocida empresa de telecomunicaciones.

Foto Irene Lingua

Imaginemos que todos los abogados y procuradores tuvieran que ir a la sede del Ministerio de Justicia a presentar todos los escritos y que todos los atestados policiales tuvieran que ser entregados en la sede del Ministerio de Justicia y que después el Ministerio de Justicia los depositara en los almacenes de una empresa privada. Si eso hubiera pasado nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza por ser contrario a la separación de poderes. Bueno, pues eso es lo que está pasando con Lexnet.

Hace tiempo que abogados como Javier de la Cueva, quien presentó una demanda contra España ante la Comisión Europea por vulneración del principio de separación de poderes o José Muelas, entre otros, vienen denunciando este hecho. Y es que el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. De esta manera, tiene una información estructurada sobre los órganos judiciales, los litigantes, los profesionales intervinientes en los procesos, el objeto del litigio y los plazos en los que se tramita el mismo. Y la información la tiene en tiempo real. ¿Nos creemos que se va a respetar la absoluta confidencialidad de Lexnet?.

El pasado 4 de julio de 2017 presentamos una moción en la comisión de justicia del Senado instando a transferir el alojamiento de la información y la gestión de Lexnet a servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial. Solo fue apoyada por el PSOE. PNV y PDCAT se abstuvieron quizás por aquello que son sus ejecutivos los que gestionan los sistemas en sus respectivas Comunidades. Y el PP …, pues sacó el comodín de Venezuela, que utiliza cuando le faltan razones para debatir.

Veremos que hace el PSOE, ¿será coherente con lo votado e impulsa esa transferencia o lo deja igual ahora que gobierna?. 

El segundo ejemplo nos lo expuso claramente David Maeztu, abogado especializado en temas de derecho y tecnología, en su comparecencia ante la comisión mixta de Seguridad Nacional el pasado 28 de junio (hay magníficas e interesantes comparecencias en el Congreso fuera de los focos):

“Quiero que piensen ustedes si yo fuese consejero de Justicia de una comunidad autónoma, que es quien dota de ordenadores a los jueces y fiscales, porque el Poder Judicial no compra los ordenadores; los compran las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias, como en mi caso, por ejemplo, La Rioja. Si yo fuese consejero de Justicia de La Rioja, podría decidir que los ordenadores que comprara a mis jueces llevasen un software determinado que me informase de todo aquello que los jueces teclearan en ese ordenador. ¿Quién sabe qué tiene ahí? ¿Por qué un consejero puede decidir hacer eso? Porque yo podría hacerlo, le encargo al proveedor que instale unas determinadas aplicaciones, y nadie lo controla. Se dice que el que pone los medios es el Ejecutivo”.

Efectivamente estamos pensando en los sistemas informáticos como si fuesen máquinas de escribir y no lo son. Piensen en los ordenadores suministrados por el gobierno de turno a la Audiencia Nacional y en programas espías por ejemplo.

Y continuaba explicando David Maeztu, “Los sistemas informáticos, con la potencialidad que tienen ahora, permiten, por ejemplo, sin necesidad ni tan siquiera de acceder a lo que teclea el juez, que yo pueda, a través de un sistema informático determinado que gestiona las notificaciones judiciales, saber qué abogados llevan qué empresas, saber cuándo se presenta una demanda, saber cuándo se contesta una demanda; podría tener muchísima información. Simplemente son metadatos, ni siquiera necesitaría acceder a mucha información sobre el procedimiento judicial, pero me podría dar un poder muy relevante sobre la actuación que se desarrolla en el ámbito de otro poder del Estado”.

En definitiva, es hora de pensar en una separación de poderes también tecnológica y que sea el poder judicial el que gestione en exclusiva todas las herramientas. El ejecutivo debe darle el presupuesto necesario a la Justicia pero las herramientas deberían ser adquiridas y gestionadas exclusivamente desde el poder judicial. ¿O seguimos fiándonos que ningún gobernante utilizará todas las posibilidades tecnológicas para su beneficio propio cuando los datos son el petróleo del siglo XXI?.

(Artículo publicado originalmente en el Diario Público el 17 de julio de 2018)

HAGAN JUEGO QUE GANA LA BANCA ... Y PIERDE LA SOCIEDAD

Las apuestas deportivas online o el póker o casino online cada vez tienen más adeptos y está creciendo vertiginosamente el número de adictos. La ludopatía se está apoderando cada vez de más personas y de perfiles más jóvenes.

Una droga destructiva aunque no lo parezca. Hay ya más de 676.322 usuarios activos en las casas de apuestas según el informe Trimestral del Mercado del Juego Online.

Las asociaciones que tenían controlados los perfiles de posibles ludópatas han visto como todo el escenario que conocían ha cambiado repentinamente.

Hasta hace poco los jugadores empezaban de media a los 28 años a apostar. Ahora esa media está ya en los 18 años, según aseguran algunos estudios y la mayoría que acude a solicitar ayuda se sitúa entre los 18 y 25 años cuando hace siete años la media de edad era de 35 a 45 años.

Los casos de adictos al juego online ya son la segunda causa de tratamiento por adicción al juego en España. Desde que se reguló en 2012, el juego online no ha dejado de aumentar en España. Cada vez se apuesta más dinero, cada vez juega más gente y cada vez las casas de apuestas gastan más en publicidad. Si no hacemos nada, en poco tiempo será la primera causa de ludopatía, si no lo es ya.

Los datos asustan.

Un tormento para quien cae en la ludopatía y para sus allegados.

Y las casas de apuestas no paran de crecer, sobre todo en los barrios obreros, un fenómeno que llevan años practicando en Reino Unido.

No es de extrañar que el estudio de percepción social del juego del azar de 2016 señale a la clase media-baja como la de principal prevalencia de la adicción.

Todos los expertos coinciden en señalar los riesgos que conlleva la posibilidad de poder apostar durante toda la jornada sin someterse a ningún control social y ello incide en el tiempo necesario para desarrollar una adicción. Si en el juego presencial se necesitan entre cinco y seis años apostando para engancharse, en el juego online basta con uno o dos.

La publicidad para el juego presencial está prohibida en España. En cambio las casas de apuestas y de póker online sí pueden hacer anuncios y se gastan una millonada en promocionarse. Y además utilizan referentes deportivos de los jóvenes para anunciarlas y a pesar de la protección de horario infantil se les permite saltárselo con la excusa de las retransmisiones deportivas.

Las claves del enganche es que son apuestas con un importe bajo, que generan sensación de control y bajo riesgo, la facilidad de accesibilidad, el hecho que las apuestas online no estén mal vistas socialmente, la inmediatez y el anonimato y junto a ello, las empresas de microcréditos.

Estamos ante un grave problema de salud pública.

Y por tanto es necesario poner mecanismos de prevención.

Foto Irene Lingua

El pasado diciembre, Unidos Podemos solicitó en la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas la prohibición de la publicidad de apuestas deportivas, juegos de azar o de apuestas, propuesta respaldada por las distintas asociaciones que trabajan en la ayuda a personas adictas al juego. Nos quedamos solos votando a favor de la iniciativa, PP, PSOE y C´S votaron en contra. Demasiados intereses económicos detrás.

También hemos solicitado que los estudios de prevalencia del trastorno de juego y el observatorio sobre ludopatía se lleven a cabo desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, porque aunque parezca mentira a día de hoy se hace por la Dirección General de Ordenación del Juego que depende del Ministerio de Hacienda, símbolo de que lo que prima es la recaudación y no el problema de salud.

¿Y el gobierno que va a hacer?

Pues nada o peor, lo potencia o eso parece, prima el interés-económico de algunos (el volumen de negocio del gremio del juego online es de unos 13.000 millones) sobre lo que debería ser el interés general.

Con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 el gobierno va a convertir de facto a Ceuta y Melilla en una suerte de paraíso fiscal para las empresas de juego online y así intentar atraer a una gran mayoría de ellas ahora instaladas en Gibraltar o Malta y además regala a las empresas del juego online una rebaja fiscal. Una actividad que actualmente apenas aporta 52´7 millones a las arcas públicas ni genera prácticamente empleo.

Decir juega con responsabilidad mientras estimulas a la sociedad con una matraca de publicidad y accesibilidad e incentivos fiscales al juego es de una gran hipocresía. Y un gran peligro. Al ritmo que vamos de aquí unos años nos costará un dineral ayudar y dar cobijo a todos los casos de ludopatía que vamos a provocar con la inacción. De aquellos polvos vendrán estos lodos.

En el tema del juego online, gana la banca y pierde la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en el Diario Público el 20 de mayo de 2018)

BANDERAS A MEDIA ASTA POR EL ESTADO ACONFESIONAL.

Llega la Semana Santa y se acrecientan los homenajes del gobierno al artículo 16.3 de la Constitución, tal y como vemos en las noticias de ésta última semana: los ministros de Defensa, Interior y Justicia incluyen en su agenda oficial su participación en procesiones y diversos actos religiosos a celebrar en estas fechas.

Asimismo en los cuarteles militares y en el Ministerio de Defensa volverá a ondear la bandera a media asta para conmemorar la muerte de Jesucristo. El gobierno seguirá con la tradición e indultará a cinco presos a petición de cinco cofradías religiosas.

¿Son respetuosas todas estas decisiones con lo prevenido en el artículo 16.3 de la Constitución?. Nosotros creemos que no.

Hay que recordar que el artículo 16.3 de la Constitución española establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

¿Es cooperación con la Iglesia católica que ondee la bandera a media asta en los cuarteles militares en un Estado aconfesional o es otra cosa?.

De lo que estamos hablando es de si la institución pública de un país, que según el artículo 16 es aconfesional, puede exhibir simbología, organizar, motivar o iniciar actividades de una determinada confesión religiosa.

Es cierto que la Constitución, tras declarar la aconfesionalidad del Estado, hace una especial referencia nominal a la religión católica teniendo en cuenta nuestra tradición cultural. Es obvio, no obstante, que obedece al momento en que nace la Constitución y entiendo que con el objetivo de desengancharse de forma suave del nacionalcatolicismo de la etapa franquista previa.

Pero con el gobierno del Partido Popular vamos para atrás y se sigue comprometiendo la necesaria neutralidad del Estado. Las instituciones públicas o sus miembros, cuando actúen como tal, no deberían poder realizar o participar en ritos religiosos ni hacer apología mediante símbolos o declaraciones. Las creencias personales de los cargos políticos, en tanto personas que son, merecen todo el respeto, como no puede ser de otra manera en un Estado constitucional y democrático. Las personas pueden tener o no creencias, pero las instituciones no las tienen. Confundir las creencias personales de índole religiosa con la función institucional que se ha de desempeñar es un grave error, como también lo es apelar a la tradición para seguir manteniendo la simbología religiosa en los actos públicos.

Ya pedimos hace unos meses en el Senado, después de interpelar al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, un protocolo de obligado cumplimiento en todos los niveles (central, autonómico y local) por el que se garantice la no confesionalidad del Estado en los actos oficiales organizados por la Administración, por los representantes públicos y Fuerzas Armadas y de orden público con escaso éxito, debido a la oposición de la mayoría absoluta del Partido Popular.

Es necesario afrontar en el siglo XXI un profundo debate sobre la separación Iglesia católica-Estado y dejar de mezclar la religión con la política y el Estado. La garantía de neutralidad es, además, una exigencia necesaria para hacer efectiva la igualdad, porque lo contrario implicaría un tratamiento discriminatorio hacia aquellos que no comparten los valores impuestos de una forma u otra por el aparato estatal.

El Tribunal Constitucional ha manifestado reiteradamente que el artículo 16.3 veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. En la Sentencia 34/2011, de 28 de marzo, el Tribunal Constitucional dice que claramente que en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas han de ser ideológicamente neutrales.

¿Es ideológicamente neutral ondear las banderas a media asta?.

¿Es ideológicamente neutral incluir en la agenda pública de un ministro (de todos, creyentes o no) la asistencia a un acto religioso?. 

En palabras del profesor de filosofía Antonio Aramayona, el verdadero frentismo o polarización entre lo público y lo privado se debe al cerril mantenimiento de lo privado dentro de lo público o en lugar de lo público. Las instituciones públicas deben ser neutrales ante el hecho religioso, por respeto al conjunto de las confesiones y por respeto, también, al libre pensamiento.

Es hora de asegurar ya de una vez una efectiva separación entre Iglesia y Estado, porque a este paso, las banderas a media asta las tendremos que poner por la muerte del Estado aconfesional que (en teoría) proclama la Constitución.

(Artículo publicado originalmente en el Diario Público el 29 de marzo de 2018).

LLEGA EL MALDITO FEBRERO

“En relación a la pregunta de referencia, se informa que la caza es competencia de las Comunidades Autónomas, por ello, el gobierno no tiene previsto prohibir la caza con perros”.

Ésta es la escueta respuesta por parte del gobierno a las tres preguntas que recientemente le formulé:

-¿Tiene previsto el gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas algún tipo de actuación para reducir el número de perros de caza abandonados?.

-¿Tiene previsto el gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas algún tipo de control administrativo al finalizar la presente temporada de caza?.

-¿Se ha planteado el gobierno prohibir la caza con galgos como están solicitando protectoras y organizaciones no gubernamentales animalistas?.

La única pregunta a la que ha dado respuesta directa el gobierno es ésta última, no vamos a prohibir la caza con galgos. Las otras dos las responde por omisión: No vamos a hacer nada.

El gobierno se lava las manos con la excusa de que es una competencia autonómica. Ahora bien cuando las Comunidades Autónomas legislan sobre maltrato animal el gobierno recurre al Tribunal Constitucional como ha ocurrido con la prohibición de las corridas de toros en Cataluña o con la prohibición de sacrificar a los toros en las corridas en las Illes Balears.

Pero el problema de los perros de caza, principalmente galgos y podencos es grave. Diversas organizaciones y protectoras alertan que  el número de perros de caza abandonados está aumentando exponencialmente en los últimos tres años y que la situación va a peor, abandono en calles, campos y carreteras, muchas veces heridos y con fracturas, sobre todo en la época de caza.

También denuncian un aumento muy significativo de cachorros que lo atribuyen a que la selección y descarte de los perros se está haciendo ahora a edades más tempranas y temen la llegada del mes de Febrero cuando acaba la temporada de caza al verse desbordadas y sin medios ni recursos para hacer frente a esta situación.

Se calcula que, de raza galgo, 50.000 perros son abandonados cada año al finalizar la temporada de caza, si bien los datos oficiales no reflejan esta realidad. Así según los datos ofrecidos por el gobierno a preguntas de mi compañera Maribel Mora, en 2016 fueron incoadas 113 infracciones penales relativos a galgos y 151 en relación a otros perros de caza y 1.401 infracciones administrativas relativas a galgos y 2.183 en relación a otros perros de caza.

Según datos de la propia Guardia Civil, alrededor del 40% de los perros afectados por algún tipo de maltrato animal son galgos y otros perros de caza.

Sea como sea, las cifras abruman y rara es la semana que no vemos duras imágenes de galgos abandonados malheridos y famélicos, muertos en el fondo de pozos o ahorcados en árboles y los refugios y protectoras no dan abasto.

El Estado español sigue siendo el único de la Unión Europea que permite la caza con galgos.

Estamos en una legislatura que creo (y deseo) será de inflexión en relación a los derechos de los animales. La prohibición de cortar el rabo a los perros, también a los de caza, el apoyo unánime para considerar a los animales seres sintientes y no cosas y algunas iniciativas pendientes de debatirse como incluir en la educación la empatía hacia los animales o la recientemente presentada iniciativa para incluir en el Código Penal el maltrato a animales salvajes no dejan de ser un reflejo del sentir social sobre la defensa de los derechos de los animales.

Y también, cada día son más las voces que reclaman la prohibición de la caza con perros por el maltrato que conlleva.

Y llega febrero, y termina la temporada de caza en España. Y empieza Febrero, el miedo de los galgos. Título de un recomendable documental sobre la realidad en España de los galgos.

El 4 de febrero, se van a celebrar en 31 ciudades españolas y en otras ciudades de Francia, Italia y Bélgica manifestaciones contra la caza y el abandono, maltrato y matanza de perros llamados de caza. Allí nos veremos y bien acompañados.

(Artículo publicado originalmente en la Revista Treball el 1 de febrero con el título Arriba el maleït febrer)

2017: OTRO AÑO DE OLVIDO PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

Se acaba el año 2017 y se acaba sin reformas legislativas que incidan en los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas del franquismo y sin presupuesto para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. 

Y ello a pesar que la Comunidad internacional ha reiterado este año, una vez más, toda una serie de recomendaciones al Gobierno español para que investigue los crímenes cometidos por la dictadura franquista.

Desde el informe del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas que constata con preocupación que la mayoría de sus recomendaciones contenidas en su informe relativo a su visita a España del 23 al 30 de septiembre de 2013 no se han llevado a cabo. a las 31 recomendaciones a las autoridades españolas de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo en relación a la trama de bebés robados durante el franquismo, o al Relator especial de Naciones Unidas que se ha visto obligado a conminar públicamente al Estado español para que dé explicaciones sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que les formuló en 2014.

Conviene recordar que incumplir las recomendaciones internacionales vulnera principios básicos del estado de derecho, pero parece que ello no preocupa en exceso al gobierno del Partido Popular.

ONG´s como Amnistía Internacional han seguido denunciando la falta de investigación y colaboración por parte de España para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo. Y han solicitado al gobierno español, compilando las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otras medidas:

-La adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

-La adopción de medidas para aplicar las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con la Ley de Amnistía.

-Impulsar medidas legislativas para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares (la conservación de archivos, la modificación de la ley de secretos oficiales, la exhumación de fosas, la promoción de la creación de una comisión de la verdad, ...).

-Promover iniciativas legislativas destinadas a la búsqueda e identificación de los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad.

-Ampliar el reconocimiento y la cobertura de los programas de reparación para incluir todas las categorías de víctimas que hayan quedado fuera de los programas existentes y ampliar la cobertura del Estatuto de la Víctima a las víctimas del franquismo y la guerra civil.

-Impulsar medidas legislativas para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo en violación de los principios fundamentales del derecho a un juicio justo.

Imprescindible para entender donde estamos en la actualidad la comparecencia de Eduardo Beltrán, director en España de Amnistía Internacional en la Comisión de Justicia del Senado a propuesta nuestra. Os recomiendo ver completa su comparecencia.

En el Senado cerramos el año discutiendo dos iniciativas referidas a las víctimas del franquismo, una moción del PSOE instando al Gobierno a reformar la Ley de la Memoria Histórica y a impulsar las políticas de su recuperación. Una iniciativa a mi entender, pobre e insuficiente, de una ley de memoria histórica que acaba de cumplir 10 años sin que se hayan cumplido sus objetivos. Las medidas propuestas por el PSOE se quedan cortas pues solo inciden en aquellas recomendaciones de los organismos internacionales menos contundentes pero omiten cualquier iniciativa para la reforma de la ley de amnistía o la adhesión al Convenio de imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El problema del PSOE de tocar "hueso". Os dejo el enlace del debate parlamentario. La moción fue rechazada con el voto en contra del PP, que tiene mayoría absoluta en ésta cámara.

Resultado votación moción PSOE

La otra iniciativa fue la toma en consideración de la proposición de ley de reconocimiento y protección oficial de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática del Estado español, a propuesta de Compromis. Es interesante escuchar todo el debate para conocer las posiciones de todos los partidos. Aquí la portavoz del Partido Popular cerró su "lamentable" intervención dirigiéndose al que escribe diciendo "No vengan Ustedes a dar lecciones de democracia y libertad al Partido Popular". Sin comentarios. La iniciativa como era de esperar en ésta Cámara fue rechazada.

Pero para acabar este post vamos a quedarnos con lo poco positivo del año, la aceptación de nuestra enmienda a los presupuestos generales del Estado para destinar 100.000 € para la creación de una plataforma tecnológica para atender a los afectados e investigar sobre perfiles genéticos en relación con los bebes robados o la aprobación de la proposición de ley de nuestro grupo en la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados instando al gobierno a nombrar un fiscal que coordine las denuncias de bebés robados y otras medidas.

Quedan para este próximo 2018 diversas iniciativas ya puestas en marcha como la proposición de ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas o las dos proposiciones de ley sobre modificación y declaración de nulidad de la Ley de Amnistía. Veremos. Hay que seguir.

Otro atisbo de esperanza es que el pasado 12 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vergara admitió a trámite la querella interpuesta por el ayuntamiento de Elgueta (Guipúzcoa) referida a casos acontecidos entre 1936 y finales de los 70.

Como decía el relator de Naciones Unidad, Louis Joinet, para poder pasar página, hay que haberla leído antes. Pero algunas fuerzas políticas siguen sin querer leer.

LEXNET. BRINDIS AL SOL. UNOS DINERILLOS Y A SEGUIR.

El pasado miércoles y a raíz de una interpelación al ministro de justicia sobre el funcionamiento de Lexnet se discutió en el Pleno del Senado una moción presentada por el PSOE (texto), por la que se instaba al gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora del sistema informático LexNet.

A pesar de estar de acuerdo con el fondo de la moción, nuestro grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas al entender que la moción se quedaba corta y demasiado genérica.

La moción con nuestras enmiendas hubiera quedado así:

El Senado insta al Gobierno a:

1) Proceder de manera inmediata a encargar una auditoría técnica externa al Ministerio, realizada por profesionales de reconocido prestigio y cuyo contenido y conclusiones deba ser público, sobre el proyecto del sistema informático usado para gestionar los expedientes judiciales, Lexnet, debiendo contener el Informe Técnico resultante de dicha auditoría al menos los siguientes trabajos:

a. Verificar el estado del servicio, la solvencia técnica del mismo, el código fuente y su configuración técnica actual, entre otros aspectos.

b. Analizar los fallos ocurridos desde su implantación y los motivos de tales fallos.

c. Proponga las mejoras que sea necesario implantar, así como los medios técnicos, económicos y humanos que permitan en el futuro afianzar su funcionamiento con plenas garantías de solvencia técnica, fluidez y operatividad.

2) En base a las conclusiones alcanzadas por el Informe Técnico de la Auditoría Externa realizada conforme al punto anterior, formular un replanteamiento del proyecto del sistema informático Lexnet, dotando al sistema de los medios técnicos, económicos y humanos que permitan garantizar su funcionamiento, operatividad y fluidez".  

3) En base a las conclusiones alcanzadas por el Informe Técnico de la Auditoría Externa realizada conforme al punto 1, dotar al sistema informático de la capacidad suficiente, para que el expediente digital en los juzgados sea posible, con el objetivo de papel cero en Justicia.

4) Establecer un diálogo abierto con todos los agentes vinculados a la Justicia, entre cuya finalidad estará al menos:

a. Detectar las necesidades de formación del personal adscrito al sistema judicial, dotando al mismo de los recursos que se consideren necesarios.

b. Detectar anomalías técnico-legales en el sistema, evitando que Lexnet exija en la presentación de escritos y resto de trámites procesales requisitos no previstos en la normativa de cada jurisdicción.

5) En caso de que la auditoría externa descrita en el punto 1, advirtiera graves errores del sistema imputables a las empresas o entidades adjudicatarias del proyecto Lexnet, cuyos datos deberán ser revelados públicamente, proceder a reclamar a las mismas, a través de la Abogacía del Estado, los daños y perjuicios generados.

6) Sin perjuicio de lo solicitado en los anteriores puntos, se proceda de manera inmediata al traspaso de la titularidad y gestión del sistema Lexnet del Ministerio de Justicia al Poder Judicial, garantizando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, articulando los medios e impulsando las modificaciones legislativas que fueran requeridas para ello.

Os dejo el vídeo de la defensa de las enmiendas y el video del turno de portavoz y la enmienda que presentó el PP.

Foto: Irene Lingua

La respuesta del PP fue que la moción era un brindis al sol que solo busca el desgaste. Que Lexnet es un sistema mejorable que necesita inversión y de ahí el anuncio de las inversiones económicas anunciadas por el Ministro de Justicia, además de acusar a mi grupo parlamentario de que quizás sabemos demasiado de informática y por eso nos dedicamos a hackear, gran motivación para discutir algo tan serio. 

Aquí tenéis todo el debate parlamentario. La moción fue desestimada. Lexnet sigue igual, ¿cuando se volverá a caer?.