Resumen del trabajo realizado en estos casi tres años de legislatura

Una vez acabada la legislatura, es hora de dar cuenta y explicar cuál ha sido mi trabajo durante estos casi tres años de legislatura, en los que he sido portavoz de la comisión de justicia de mi grupo parlamentario en el Senado, viceportavoz en la comisión de interior y vocal en las comisiones mixtas (Congreso y Senado) en las comisiones de seguridad nacional.

Los números de las iniciativas e intervenciones se reflejan en la propia página del Senado:

He participado en la tramitación de los proyectos de ley sobre precursores explosivos, el que modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales e la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, en el de Secretos Empresariales y en los de los Presupuestos Generales de 2017 y 2018.

Asimismo, en las proposiciones de ley del Congreso de los Diputados, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en la de modificación de la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal,  en la de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en la de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (inicialmente llamada de reforma parcial del régimen de permisos y licencias) y en la que modifica la Ley Orgánica 10/1998, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

He participado también en las tomas de consideración en el Senado de las proposiciones de ley, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones y en la de reconocimiento y protección oficial de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática del Estado español.

He presentado una iniciativa legislativa a fin de que se incorporara la aporofobia, es decir el odio a los pobres como una agravante en el Código Penal. En primer lugar mediante una moción que fue aprobada por la comisión de justicia del Senado y después dada la inacción de un gobierno y el otro, a través de una proposición de ley cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Senado. Sin embargo las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados, gracias al control de la Mesa de PP y C´S y el fin de la legislatura hanb impedido que prosperara ésta necesaria reforma del Código Penal y ello a pesar del trabajo e insistencia de ONG´S como Rais Fundación o Arrels Fundación para que la iniciativa saliera adelante.

También he presentado en el Pleno del Senado dos solicitudes de creación de comisión de investigación, una sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Catalunya el día 1 de octubre de 2017 y otra sobre los crímenes ocurridos el día 14 de diciembre de 2017 en las localidades de Andorra y Albalate del Arzobispo (Teruel). Ambas solicitudes fueron rechazadas por los partidos del bipartidismo, PP y PSOE.

Formulé 6 preguntas orales en el Pleno al gobierno:

-Pregunta sobre si el Gobierno cree que el Ministerio Fiscal es un instrumento a su servicio que puede utilizar para ejecutar su política criminal. (Ministro Catalá)

-Pregunta sobre si el Gobierno va a derogar los plazos de instrucción introducidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Ministro Catalá)

 -Pregunta sobre si es la voluntad del Gobierno durante esta Legislatura intervenir la autonomía del Ministerio Fiscal. (Ministro Catalá)

-Pregunta sobre si el Gobierno considera que es una práctica adecuada que el Ministerio del Interior se reúna con investigados por la justicia. (Ministro Zoido)

-Pregunta sobre si el Gobierno va a iniciar el proceso de adhesión a la Convención de las Naciones Unidas, de 26 de noviembre de 1968, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. (Ministra Delgado)

-Pregunta sobre el criterio del Gobierno para recurrir la inconstitucionalidad de los actos de naturaleza política de los parlamentos autonómicos y entes locales. (Ministra Batet)

Foto Irene Lingua

También formulé a los Secretarios de Estado, 19 preguntas orales, algunas de ellas agrupadas, 18 de ellos en la Comisión de Justicia y 1 en la Comisión de interior:

-Pregunta sobre la relación, a juicio del Gobierno, entre la actual configuración y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial con la desconfianza de los propios jueces hacia su órgano de gobierno y de los ciudadanos hacia la independencia de los jueces. 

-Pregunta sobre la opinión del Gobierno acerca de si con la disciplina jerárquica que rige el trabajo de los fiscales se está en mejores condiciones para instaurar la figura del fiscal instructor en nuestro sistema de justicia penal.

-Pregunta sobre lo que piensa el Gobierno que le queda al Tribunal Constitucional de su original naturaleza de órgano de garantías, como se diseñó en 1978, hasta el órgano de representación política en que se ha convertido.

-Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con el desequilibrio en la presencia entre hombres y mujeres en el órgano de garantías constitucionales.

-Pregunta sobre si el Gobierno considera que se afecta al principio de igualdad con el trato dado al futbolista Cristiano Ronaldo en la toma de declaración en calidad de investigado en la sala de vistas de los juzgados de Pozuelo de Alarcón (Madrid), frente al trato que se da a otros muchos ciudadanos.

-Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con la gestión de la Administración de Justicia y el cumplimiento de los objetivos fijados para la presente Legislatura.

-Pregunta sobre si el Gobierno considera que se están tomando medidas eficaces para evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas día a día en nuestros palacios de justicia.

-Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con el hecho de que se haya duplicado el consumo de papel desde la implantación del sistema LexNET.

-Pregunta sobre si el Gobierno cree que se respeta el principio de igualdad de armas cuando habitualmente se le procura al fiscal y al juez copia de las actuaciones desde el inicio del proceso penal y en cualquier fase, y no ocurre lo mismo con los letrados.

-Pregunta sobre si el Gobierno considera compatible con el intento de agilización de la Justicia a través de la limitación de los plazos de instrucción el hecho de que, tras decretarse la apertura de juicio oral o dictarse auto de procesamiento, los órganos de enjuiciamiento señalen la vista oral dos o tres años después.

-Pregunta sobre los motivos por los que en este momento considera el Ministro de Justicia que la figura de la euroorden no es ágil ni eficaz.

-Pregunta sobre si el Ministerio de Justicia considera que está actuando conforme a Derecho en la forma de realizar los nombramientos de libre designación de la Administración de Justicia.

-Pregunta sobre si el Ministro de Justicia considera que comentar y dar por hecho que determinados dirigentes políticos catalanes investigados serán inhabilitados muy pronto está entre sus funciones y si esta práctica es respetuosa con el principio de presunción de inocencia y con la independencia judicial.

-Pregunta sobre la explicación del Gobierno al hecho de que su plan de agilización haya provocado un aumento de la tasa de pendencia de más del 4%, cuando la litigiosidad solo ha aumentado el 1%.

-Pregunta sobre si el Ministerio del Interior piensa emitir instrucciones a los mandos competentes a efectos de cumplir lo establecido por el Tribunal Constitucional sobre el derecho de acceso al atestado policial y la información de modo suficiente sobre las razones de la detención gubernativa de naturaleza penal.

-Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para actualizar los módulos y bases de compensación económica de los abogados que prestan el servicio del turno de oficio y de incorporar actuaciones que ahora no están incluidas en los baremos.

-Pregunta sobre los fallos técnicos y de cobertura del funcionamiento de las pulseras de control a maltratadores y las previsiones del Gobierno en relación con el concurso para la renovación de dicho servicio.

-Pregunta sobre si el Gobierno considera que la actual regulación de determinados delitos, como los que afectan a la libertad de expresión, no tiene encaje en la legislación de nuestro entorno ni en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

-Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno no considera ahora que deba traspasarse la gestión de LexNET al Poder Judicial.

Quedaron pendientes varias preguntas orales que caducaron con la convocatoria de elecciones, preguntas sobre la formación en perspectiva de género que acreditan las personas a las que se les ha encargado el estudio realizado en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad donde se analizan los homicidios por violencia de género, sobre la valoración del gobierno en relación con el sistema de identificación de la asistencia letrada en las comisarías, sobre si el gobierno va a modificar el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, sobre si el gobierno va a adoptar alguna medida para evitar el bloqueo de los procesos judiciales por los crímenes del franquismo en los tribunales, sobre la valoración del gobierno de las conclusiones del informe Exportar corrupción 2018, de Transparencia Internacional, sobre la valoración del gobierno en relación con la información de que la concentración de dioxinas en el entorno de la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besós es superior al umbral de exposición que se considera admisible y sus previsiones al respecto, sobre las previsiones del gobierno para ejecutar las actuaciones necesarias para descontaminar y estabilizar las playas de Sant Adrià de Besós y Badalona, sobre si el gobierno va a suprimir la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort por otro tipo de reconocimiento y sobre las medidas previstas por el gobierno para evitar la filtración a la prensa de datos de procedimientos judiciales declarados secretos o investigaciones policiales en curso.

También presenté 319 preguntas escritas de diversa temática, si bien la mayoría centradas en los ámbitos de mis comisiones o de temas que afectaran a la provincia de Barcelona, por la que he sido Senador. Asimismo solicité del gobierno 34 informes.

Foto Irene Lingua

Formulé dos interpelaciones en el Pleno al gobierno, una sobre si el Gobierno garantiza adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución, al Ministro Catalá y otra sobre si el Gobierno va a iniciar el proceso de adhesión a la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, al Ministro Dastis.

Intervine en 10 mociones consecuencia de interpelación, las dos que formulé yo y en las siguientes mociones consecuencia de interpelación presentadas por otros grupos parlamentarios: Moción por la que se insta al gobierno a impulsar las reformas que precisa de manera urgente la Administración de Justicia, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de seguridad pública en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las instituciones penitenciarias, para luchar con eficacia en la protección de la seguridad de los ciudadanos, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar adecuadamente la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora del sistema informático Lexnet, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para dar cumplimiento y mejorar la Ley de Memoria Histórica, Moción por la que se propone la reprobación de la Ministra de Justicia y Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas de reconocimiento de la labor y protección de los Jueces, Fiscales y trabajadores del Ministerio de Justicia.

Presenté una moción en Pleno, por la que se insta al Gobierno a la derogación de la actual redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativo a la justicia universal e intervine en otras 10 mociones presentadas por otros grupos parlamentarios, Moción por la que se insta al gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado en el bombardeo de Gernika del 26 de abril de 1937, Moción por la que se insta al gobierno al refuerzo de la seguridad en la lucha contra las mafias del narcotráfico, Moción mediante la que el Senado manifiesta su apoyo y respaldo al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil e insta al conjunto de las instituciones a utilizar los mecanismos legales en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general, y a actuar contra las iniciativas que pretendan conculcar el marco constitucional y la unidad de España, Moción por la que se insta al gobierno a establecer un plazo obligatorio de renovación del certificado negativo de delitos de naturaleza sexual con el fin de evitar que se cometan delitos de esta naturaleza una vez obtenida dicha acreditación, Moción por la que se insta al gobierno a la puesta en marcha de las medidas necesarias para mejorar la colaboración en materia de ciberseguridad, Moción por la que se insta al gobierno a reformar la Ley de Memoria Histórica y a impulsar las políticas de su recuperación, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción, en el marco de la Comisión General de Codificación, de determinadas medidas en relación con los delitos contra la libertad sexual y en materia de igualdad, seguridad y violencia de género, Moción por la que se insta al gobierno a dar cumplimiento a los presupuestos generales del Estado para el año 2018, en relación con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Moción por la que se insta al gobierno a modificar la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de gracia de indulto, de forma que se incluyan como delitos a los que no se puede aplicar el indulto la rebelión, los delitos contra la Corona y la sedición, Moción sobre la exhumación de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos y la modificación y mejora de la Ley de Memoria Histórica y Moción por la que se insta al gobierno a dictar un Real Decreto que declare que en Cataluña existe una situación de interés para la seguridad nacional.

En la comisión de justicia presenté y defendí cuatro mociones, son las siguientes: Moción por la que se insta al Gobierno a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de evitar el sobreseimiento o el cierre precipitado de las causas en instrucción por el mero transcurso del plazo, Moción por la que se insta al Gobierno a la reforma del artículo 22.4ª del Código Penal para incluir la aporofobia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal, Moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a servidores exclusivamente dependientes del poder judicial, Moción por la que se insta al Gobierno a adaptar la terminología de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sustituyendo, en su caso, las referencias a las faltas por el término de delitos leves.

Asimismo intervine en mociones presentadas por otros grupos parlamentarios, Moción por la que se insta al gobierno a negociar la resolución del contrato de alquiler del Palacio Can Saura Miret y la reubicación de los juzgados del partido judicial de Ciutadella de Menorca en el edificio de la anterior estación portuaria, Moción por la que se insta al gobierno a emprender de manera urgente la tramitación adecuada para derogar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, Moción por la que se insta al gobierno a rectificar el acuerdo del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en lo que respecta a los Registros de la Propiedad de La Vecilla y Cistierna (León), Moción por la que se insta al gobierno a proveer los medios económicos necesarios para la construcción del Palacio de Justicia de Lorca (Murcia), Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas sancionadoras y de prevención frente al juego de trile, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para dignificar el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, Moción por la que se insta al gobierno al reconocimiento del papel moneda y otros signos confiscados por el régimen franquista y de los derechos que de ello se deriven, Moción por la que se insta al gobierno a la realización de exhumaciones en el cementerio público del Valle de los Caídos, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en el marco del 80 aniversario del bombardeo de Gernika, Moción por la que se insta al gobierno a la recuperación de la memoria histórica en Sant Adrià de Besós y a la creación de un centro memorialístico en el Camp de la Bota, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la naturaleza de la Fundación Nacional Francisco Franco, Moción por la que se insta al gobierno al esclarecimiento de los bombardeos perpetrados en mayo de 1938 sobre la comarca de El Maestrat (Castelló) por la Legión Cóndor alemana y Moción por la que se insta al gobierno al reconocimiento y reparación de los trabajadores esclavos del franquismo.

Foto Irene Lingua

Otra tres mociones ya presentadas por mí ante la Comisión de Justicia se quedaron sin poder ser defendidas con el cierre prematuro de la legislatura, una instando al gobierno a impulsar los trámites y el procedimiento para la derogación del artículo 525 del Código Penal (el de la ofensa a los sentimientos religiosos) y otras dos sobre Juzgados, una solicitando la puesta en marcha de un Juzgado de lo Penal en Logroño, dotado de todos los medios personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento y otra para solucionar las deficiencias del partido judicial de Cartagena.

En la comisión de interior defendí una Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la extensión familiar de la protección internacional.

Asimismo, intervine en las siguientes mociones presentadas por otros grupos parlamentarios: Moción por la que se insta al gobierno a la mejora de la dotación humana y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias, Moción por la que se insta al gobierno a designar a la Unidad Nacional de Europol como unidad competente de enlace y receptora de los requerimientos contenidos en el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Moción por la que se insta al gobierno a la aplicación de la instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Seguridad y de Administraciones Públicas, de fecha 16 de diciembre de 2015, por la que se establece la planta de unidades de conservación y depósito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas procedentes del tráfico ilícito, Moción por la que se insta al gobierno a iniciar un proceso de consultas con diferentes organizaciones sindicales para determinar y concretar los requisitos generales necesarios para desarrollar la Disposición Adicional cuarta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen Personal de la Policía Nacional, Moción por la que se insta al gobierno a que facilite y mejore los procedimientos para la obtención de la documentación personal a españoles y extranjeros en la comarca de Valdeorras (Ourense), Moción por la que se insta al gobierno a dar adecuada respuesta y a racionalizar los servicios de expedición y renovación del DNI y pasaporte, con el fin de minimizar las actuales colas en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, Moción por la que insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para regular la actividad del comercio atípico en las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla, Moción por la que se insta al gobierno a realizar las acciones necesarias a fin de que los residentes en la isla de Formentera puedan tener acceso sin salir de la isla a trámites de renovación y expedición del DNI, pasaporte y NIE, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de las medidas necesarias para cubrir las plazas vacantes en los diferentes puestos y destacamentos y a crear la plaza de Comandante de la Guardia Civil en Fuerteventura, Moción por la que se insta al gobierno a cumplir los acuerdos adoptados por el gobierno del PP y el Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia) para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la conmemoración del 25 aniversario del asesinato de Guillem Agulló i Salvador, Moción por la que se insta al gobierno a la puesta en marcha de una oficina de documentación y extranjería permanente en el municipio de Llanes (Asturias), Moción por la que se insta al gobierno a la mejora de los sistemas integrados de Vigilancia Exterior (SIVE) radicados en la isla de Lanzarote, Moción por la que se insta al gobierno a modificar la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora de las condiciones de las personas que se dedican al comercio transfronterizo en Ceuta y Melilla y Moción por la que se insta al gobierno a reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y a mejorar su situación salarial y laboral.

Foto Irene Lingua

En la comisión de constitucional presenté y defendí una Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos.

En la comisión de Transición Ecológica presenté y defendí una Moción por la que se insta al Gobierno a que realice los trámites oportunos para que dejen de realizarse vertidos de agua caliente salada en la desembocadura del río Besós, en la provincia de Barcelona, por parte de las centrales térmicas de ciclo combinado, y a que implante un canon medioambiental para los municipios que acogen este tipo de instalaciones. Asimismo intervine en la Moción presentada por el Grupo Mixto por la que se instaba al gobierno a que la Confederación Hidrográfica del Ebro repare y mejore la red viaria que comunica las poblaciones de Gimenells i el Pla de la Font, Saidí, Suchs, Raimat, Almacelles y Alcarràs (Lleida), así como el traspado de su titularidad a las administraciones locales o autonómicas correspondientes.

En la comisión mixta para el Estudio de las Drogas intervine en las Proposiciones no de Ley sobre ciberadicción y en la relativa a la lucha contra el tráfico de drogas. También en la moción del PP por la que se instaba al gobierno a la puesta en marcha de un portal externo para la realización de subastas por medios electrónicos de los bienes procedentes del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 

En la comisión mixta de Seguridad Nacional intervine en la Proposición No de Ley relativa al refuerzo de las capacidades dedicadas a la lucha contra las acciones de desinformación.

Respecto a comparecencias de Ministros en comisiones, participé en la comparecencia del Ministro de Justicia Rafael Catalá para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Por su parte, la Ministra Lola Delgado ni siquiera tuvo el detalle de comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado.

Asimismo participé en la comparecencia del Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido en la comisión de interior para informar en relación al operativo policial del 1 de octubre.

También solicité en diversas ocasiones comparecencias del Ministro de Justicia Rafael Catalá sobre temas diversos pero no tuvo a bien comparecer.

En la Comisión de Justicia compareció también a petición mía el Director de Amnistía Internacional España, Eduardo Beltrán para informar sobre las preocupaciones y recomendaciones sobre la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. También participé en la comparecencia del abogado especializado en memoria histórica y representación de familiares de víctimas enterradas en el cementerio público del Valle de los Caídos, Eduardo Ranz y en la fallida comparecencia del Prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera.

Fui además ponente en la Ponencia Menores sin Alcohol, creada en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. En dicha ponencia se celebraron 37 comparecencias de expertos y el informe de la Ponencia fue aprobado.

Participé también en la Ponencia de estudio de diversas cuestiones relativas a la Ciberseguridad en España, creada en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. En dicha ponencia se celebraron 31 comparecencias de expertos y el informe de la Ponencia fue aprobado.

Como miembro del Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol he participado en las reuniones del Grupo de Control en Sofía (Bulgaria) y en Bruselas (Bélgica) y en la visita a la central de Europol en La Haya.

También he participado desde mi máximo rechazo a la pena de muerte en reuniones y actuaciones en relación a los casos de Pablo Ibar y Artur Segarra, asistiendo a una de las sesiones del juicio oral seguido contra Pablo Ibar en el Tribunal del Condado de Broward (Florida).

He asistido a reuniones con responsables de instituciones y sociedad civil de las que he ido dando cuenta en mis redes sociales.

Foto Irene Lingua

He participado en diversos actos de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), de la que formo parte.   

He asistido en mi condición de Senador de En Comú Podem a una de las sesiones del llamado juicio del procés.

En mi página de Youtube tenéis los vídeos de todas las intervenciones realizadas en la presente legislatura.

Para acabar os dejo enlaces con diversos artículos de prensa más destacados sobre algunas de las actividades que os he comentado en este post:

-Joan Comorera, Senador de El Grupo del Cambio, solicita la comparecencia de la Fiscal General del Estado, por su obstaculización de la investigación sobre los crímenes franquistas (07.10.16)

-Niños robados: La investigación de Interviu llega al Senado. (10.11.16)

-PP y PSOE impiden que en el Senado se apruebe la recuperación de la jurisdicción internacional (14.12.16)

-El PP bloquea en el Senado una moción para derogar los plazos de instrucción de la Lecrim. (06.02.17)

-Bronca en el Senado entre Podemos e Ignacio Cosidó (22.02.17)

-El Gobierno se niega a facilitar datos sobre los indultos concedidos (29.05.17)

-En Comú Podem pregunta al Gobierno por las razones para declarar de utilidad pública a una asociación que realiza escraches contra las mujeres que abortan (30.06.17)

-Unidos Podemos denuncia al Ministerio de Justicia ante la Protección de Datos por fallos en Lexnet (11.08.17)

-En Comú Podem propone investigar en el Senado las órdenes policiales del 1-O (8.11.17)

-Impresentable respuesta del Gobierno a un senador por la Memoria Histórica (10.02.18)

-El senador Comorera pregunta por Felipe de Borbón y no le contestan (07.03.18)

-Unidos Podemos pide la comparecencia de Catalá en el Senado para que explique la detención de Falciani (06.04.18)

-Unidos Podemos pregunta en el Senado sobre el papel de la Policía en el hurto de Cifuentes (27.4.18)

-El odio a los pobres sale de la oscuridad (05.08.18)

-El Senado inicia trámites para incluir el odio al pobre como agravante penal (24.10.18)

-Podemos pide al Gobierno derogar el artículo del Código Penal que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos (13.09.18)

-En Comú Podem reclama al Gobierno más voluntad política para actualizar los baremos del turno de oficio. (16.09.18)

-Parlamentarios Animalistas denuncian la ambigüedad del Gobierno sobre la dotación del Premio Nacional de Tauromaquia (27.09.18)

-El Gobierno no transferirá la información de LexNET a servidores del Poder Judicial porque no hay riesgo de injerencias (09.10.18)

-Unidos Podemos pide la comparecencia de Ábalos en el Senado por "la retención" del Open Arms en Barcelona (14.01.19)

-El Gobierno del PSOE no suprimirá condecoraciones franquistas (12.02.19)

En resumen, un sentimiento agridulce, dada la dificultad de conseguir que las iniciativas salieran adelante, dada la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. 

Foto Irene Lingua

OTRO MAL DÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SENADO.

El pasado 14 de diciembre nuestro grupo parlamentario presentó una moción (enlace al texto), que tuve el placer de defender, instando al Gobierno a que, derogue la actual redacción del artículo  23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativo a la jurisdicción universal, volviendo al enunciado anterior a las reformas  realizadas por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (instada por el PSOE) y por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (instada por el PP). La primera reforma dejó herida a la Justicia Universal, la segunda reforma, la mató.

Unas reformas que han supuesto prácticamente la derogación del principio de justicia universal y que no sólo niegan la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad en el extranjero.

Os dejo el enlace del interesante debate donde podréis ver las posiciones de cada uno de los partidos políticos en la defensa de la justicia universal y, por ende, de los derechos humanos o, si lo preferís os dejo también el enlace al video del debate.

La moción fue rechazada con 47 votos a favor y 203 en contra (PP y PSOE, el primero en defensa de las dos reformas, el segundo en defensa de su reforma).

Las dos reformas fueron motivadas por presiones externas y ahí está la hemeroteca del porqué llegaron esas reformas en esos momentos (la del PSOE por Israel y la del PP, por China), si bien, ninguno de los portavoces de ambos grupos hablaron sobre ello, aunque tampoco lo negaron.

Básicamente la Justicia Universal consiste en que los tribunales de todo el mundo, renunciando a los fueros o puntos de conexión tradicionales, como el de territorialidad y nacionalidad del presunto autor básicamente, persigan incondicionalmente los que podríamos llamar, de modo omnicomprensivo "delitos contra la humanidad". De esa manera se evitaría la impunidad de los delincuentes y a éstos no les habría de quedar lugar en el mundo donde refugiarse de la acción de la Justicia, reforzándose con ello la solidaridad entre Estados.

Mediante el principio fundamental de la complementariedad, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se subraya el hecho de que por si los enjuciamientos internacionales nunca resultarán suficientes para lograr la justicia y se destaca la función primordial de los sistemas jurídicos nacionales para poner fin a la impunidad.

La actual ley, como se desprende de la Constitución, no puede cambiar a su antojo los tratados internacionales añadiendo requisitos y condiciones que éstos no adoptaron. Como tampoco la ley puede contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional, dictada en el caso Guatemala, por la que se determinó la naturaleza de este principio universal y estableció su carácter puro o absoluto, es decir, que se debe ejercer sin sujeción a requisito alguno. 

La norma del año 1985 contemplaba, por tanto, un principio de justicia universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de persecución.

Y frente a las críticas sobre su utilidad, decir que sí, que la Ley ha hecho mucho por la justicia universal. España, gracias al procedimiento seguido respecto del genocidio guatemalteco, contribuyó a que fuera posible el enjuiciamiento de Ríos Montt en Guatemala o a la detención de Pinochet.

España también contribuyó, con la instrucción del caso contra los responsables de la dictadura militar argentina y la condena a Adolfo Scilingo, a la anulación de la Ley de Punto Final y de la Ley de Obediencia Debida, como recordaba la Sentencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina de 14 de junio de 2005, por poner unos ejemplos, aunque a algunos les pueda parecer poco o irrelevante.

En palabras del magistrado Alberto Jorge Barreiro, al final, los graves problemas que se suscitan por el vacío que se está produciendo tanto en el marco normativo como en el jurisdiccional obedecen muy probablemente al mismo mal de origen: la mercantilización del mundo de la política y del derecho y la subordinación de ambos a los poderes fácticos que gobiernan la economía. En un contexto de tal naturaleza no resulta nada extraño que el valor justicia que ha de impregnar la persecución de los crímenes más execrables contra la humanidad quede supeditado a los criterios de mercado.

Asistimos, pues, a un proceso de involución y regresión del principio de justicia universal en el curso del cual el valor de la justicia ha sido en gran medida desplazado por el de la mercancía como nuevo valor superior, al que, si fueren coherentes con sus actos y reformas, los legisladores tendrían que insertar en el artículo 1º.1 de la Constitución.

Hoy precisamente cuando escribía esta entrada, un halo de esperanza llegaba en forma de noticia, al conocer que el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de amparo promovido por el Comité de Apoyo al Tibet, la Fundación Privada Casa del Tibet y Thutben Wangchen contra el archivo, en el Tribunal Supremo, de la causa por supuesto genocidio del pueblo tibetano.

Derechos Humanos o relaciones diplomáticas. Justicia o contratos. 

El compromiso con los derechos humanos se demuestra con los actos y legislando a favor de ellos no con tuits.

SE PONEN EN MARCHA LAS COMISIONES DE JUSTICIA: MUCHO QUE HACER

Por fin desde las pasadas y lejanas elecciones del 20D se pone en marcha la comisión de justicia del Senado. El próximo 19 de octubre, una vez finalizado el Pleno, se reúne la Mesa y los Portavoces de la comisión de justicia.

Varias iniciativas desde nuestro grupo parlamentario esperan respuesta y discusión.

Comparecencias:

Hemos solicitado la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda para que informe sobre la instrucción instando a la suspensión de las declaraciones de los querellantes citados en diversos juzgados españoles a petición de la jueza argentina María Servini, que investiga una querella por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

Os adjunto enlace sobre la noticia en los medios de comunicación: Senado de España: iniciativa sobre el boicot a la jueza Servini 

Preguntas:

Diversas preguntas se han presentado recabando respuesta por parte del Ministerio de Justicia, si bien, se encuentras todas pendientes de envío al Gobierno, toda vez que como es sabido, el gobierno en funciones se niega a dar cuenta al Parlamento de su actuación. Algunas de ellas:

-¿Qué medidas piensa tomar el gobierno para llevar a cabo las recomendaciones del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa?. ¿Piensa el gobierno aumentar el presupuesto para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica como recomienda el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa?. 

¿Tiene previsto el Gobierno y/o el Ministerio de Justicia aumentar en la presente legislatura la plantilla de Jueces y Fiscales para acercarnos a la ratio europea?.

Mociones:

-Justicia Universal: Por la que se insta al Gobierno a que, derogue la actual redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativo a la jurisdicción universal, volviendo al enunciado anterior a las reformas realizadas por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo y sobre la que ya escribí un post.. 

-Derogación artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se limita el plazo de instrucción de los procedimientos penales.

- Sobre la protección y garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia.

Por su parte en el Congreso de los Diputados, el pasado 4 de octubre se discutieron varias proposiciones no de ley en la Comisión de Justicia. Fueron las siguientes:

-Sobre reforma del Código Penal para derogar la pena de prisión permanente revisable, presentada por el Grupo Socialista. Aprobada con 20 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

-Sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

-Sobre la Estrategia Nacional de la Justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Estas dos proposiciones de ley fueron unificadas en un texto transaccional, fue aprobada con 17 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 7; abstenciones, 12

-Relativa a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Fue aprobada con 22 votos a favor y 14 votos en contra.

-Relativa a la concesión de la nacionalidad a los saharauis, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Fue aprobada por unanimidad.

Os dejo aquí el Diario de Sesiones con todas las intervenciones de los grupos parlamentarios en las diferentes proposiciones no de ley.

Mucho que hacer en el ámbito de la Justicia, sirva de ejemplo el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa, publicado este lunes, que critica contundentemente a España por no atender a sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial

RECUPERAR LA JUSTICIA UNIVERSAL

El reciente Auto 3420/2016, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 denunciaba que la reforma de la Justicia Universal aprobada por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (reforma del PP) supuso una "restricción sustancial y extrema" de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero".

Añadía el Tribunal Supremo que "la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español dada la escasísima posibilidad de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España". 

Señala además el Auto que "La gran contradicción sustancial de la reforma queda evidenciada en el hecho de que mientras que los delitos más graves del Derecho Penal Internacional (lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra) son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, excepto para los supuestos de rarísimas excepciones anteriormente expuestas; en cambio, si cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado del Derecho Penal internacional, aunque también con unas restricciones que no se daban en la Ley Orgánica 1/2009 (reforma del PSOE), y mucho menos en la 6/1985".

La reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 1/2014 con el rodillo de la mayoría absoluta popular no sólo niega la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos internacionales en el extranjero, suponiendo en la práctica la derogación del principio de justicia universal debido a la introducción de un listado de condiciones que en la práctica hacen imposible la intervención de la jurisdicción española, contraviniendo además el Estatuto de la Corte Penal Internacional que en su Preámbulo recuerda que "es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales".

En su día la reforma fue tachada por diversos jueces, especialmente de la Audiencia Nacional de "chapuza", "inadmisible" y "deficiente", entre otros adjetivos.

No en vano, la precipitación de la reforma ha tenido otros efectos colaterales, por ejemplo, en asuntos de tráfico de drogas, impidiendo perseguir a los barcos que transportan droga que naveguen en aguas jurisdiccionales internacionales próximas a las costas españolas, salvo que la embarcación tenga bandera española o a bordo estén tripulantes españoles o que el barco se dirija a España y que provocó la excarcelación de personas en su día imputadas.

La reforma del PSOE (Ley Orgánica 1/2009) ya limitó el principio de la justicia universal solo a los supuestos casi imposibles de que los acusados se encontrasen en España, que las víctimas fuesen españolas o que existiese conexión relevante con nuestro país.

La reforma del PP (Ley Orgánica 1/2014) debilita el Estado de Derecho, contraviene el Derecho Internacional y ataca los Derechos Humanos y la dignidad de las victimas.

Recomiendo la lectura del Informe sobre el estado de la jurisdiccion universal en España 2016.

La realidad del por qué de dichas reformas se debe, no a razones de justicia o de mejora legislativa, sino a las relaciones internacionales o a intereses comerciales, la del PSOE por Israel y la del PP por China. 

Ayer nuestro Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una moción en el Senado instando a la derogación del actual artículo 23 de la LOPJ para volver al redactado anterior de las referidas reformas a fin de recuperar la Justicia Universal.