¿Qué letrada/o defensor no ha invocado en sus conclusiones el principio de intervención mínima del derecho penal?.
Seguramente la gran mayoría.
Pero, ¿realmente corresponde a los
jueces y magistrados su aplicación?.
El Tribunal Supremo en reiteradas
ocasiones se ha pronunciado sobre el principio de intervención mínima y a quién
va dirigido, pero sin embargo en la práctica diaria en el foro encontramos resoluciones
que se apartan de esa definición del Supremo entrando en colisión con el
principio de legalidad.
Pero vamos por partes, el principio de
intervención mínima del derecho penal o de “última ratio” quiere decir por un
lado que las sanciones penales se han de limitar a lo indispensable, en
beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia ante ilícitos más
leves, dado el carácter fragmentario del derecho penal y, por otro lado,
implica que el derecho penal debe utilizarse solamente cuando no haya más
remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección menos
gravoso que la pena y sin que la protección penal deba referirse a todos los
ataques que se cometan contra un bien jurídico.
El Tribunal Supremo en sus
Sentencias, entre otras, las de fecha 13 de octubre de 1998 o 21 de
julio de 2011, señala claramente que el derecho penal como instrumento para
resolver los conflictos es la última razón al que debe acudir el LEGISLADOR,
que tiene que actuar, en todo momento, inspirado el principio de intervención
mínima de los instrumentos punitivos.
Y ello porque el principio de
intervención mínima que forma parte del principio de proporcionalidad o de
prohibición del exceso, descansa en el doble carácter que ofrece el derecho
penal:
a)
Al
ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos,
sino solo aquellos que son más importantes para la convivencia social,
limitándose, además esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más
intensa a aquellos bienes.
b)
Al
ser un derecho subsidiario que como última ratio debe operar únicamente cuando
el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante
otras soluciones menos drásticas que la sanción penal.
Es decir, el principio de intervención
mínima del derecho penal es un principio a aplicar por el legislador y no por
el juez.
Así lo señalan las referidas
Sentencias, “… reducir la intervención del derecho penal, como última ratio,
al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de
política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el
legislador, pero que en la praxis judicial, aún pudiendo servir de orientación,
tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto
no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación
de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del
derecho penal”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo
no ha cambiado ni un ápice sobre la interpretación del principio de
intervención mínima, como reflejan por ejemplo las más recientes Sentencias
de 28 de septiembre de 2020 o de 28 de abril de 2021, que reiteran los mismos
argumentos anteriormente expuestos.
Por tanto, el principio de
intervención mínima no puede nunca interpretarse en el sentido de que cuando
exista por ejemplo una doble protección (civil y penal) de un determinado bien,
deba de vaciarse de contenido el precepto penal de que se trate en beneficio de
la jurisdicción civil. Y ello porque una incorrecta aplicación de los
principios de proporcionalidad e intervención mínima supondría inaplicar un
precepto penal, infringiendo el principio de legalidad, que es jerárquicamente
superior a ellos.
A pesar de ello y de la jurisprudencia
consolidada del Tribunal Supremo, algunos juzgados de lo penal e instrucción continúan
justificando sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento en la aplicación
del principio de intervención mínima del derecho penal, obviando el principio
de legalidad.
Sirva de ejemplo una resolución que
recibí recientemente, el Auto de 7 de abril de 2021 del Juzgado de
Instrucción 2 de Trujillo, relativo a un presunto delito contra la
propiedad industrial que acuerda el sobreseimiento provisional de las
actuaciones, señalando “Por todo ello, y además en aplicación del principio
de intervención mínima del derecho penal, procede el sobreseimiento provisional
y archivo de las presentes actuaciones”.
¿Y el legislador aplica como postulado
de política criminal el principio de intervención mínima del derecho penal?.
Pues es opinable, aunque no creo que en
los últimos años sea un principio rector a la hora de legislar.
Un dato, el Código Penal actual es de 1995
pero ha sido modificado en más de una treintena de ocasiones, siendo las
principales reformas las realizadas por las Leyes Orgánicas 5/2010, 1/2015,
2/2015, 1/2019, 2/2019 y 8/2021.
La mayoría de estas modificaciones han
supuesto un endurecimiento del Código Penal, entre otras, la introducción de la
prisión permanente revisable o el agravamiento penológico de diversos delitos o
la introducción de los delitos leves que a diferencia de las antiguas faltas
comportan antecedentes penales.
Todo ello ha llevado incluso a hablar
de populismo punitivo, término utilizado para calificar las tendencias
expansionistas de la política criminal, que chocan en muchas ocasiones con el
principio de intervención mínima del derecho penal.
Lo cierto es que tenemos uno de los
índices de criminalidad violenta más bajos de la Unión Europea y, sin embargo,
tenemos una de las poblaciones penitenciarias más elevadas y con reclusos que
cumplen los más largos períodos de prisión.
Pero como digo, todo es opinable.
BIBLIOGRAFÍA:
-Sentencia 812/2011 TS de 21.7.11,
Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
-Sentencia TS de 28.9.20, Ponente:
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
-Sentencia 350/21 TS de 28.4.21,
Ponente: Ángel Luis Hurtado Adrián.
-¿Qué es el principio de intervención
mínima?. Autor: Jesús Manuel Villegas Fernández, Revista Internauta de Práctica
Jurídica núm. 23, 2009, págs. 1-10 (https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num23/Principio.pdf)
-Populismo penal y justicia paralela:
un análisis político-cultural. Autor: Javier Cigüela Sola. Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología. 2020 (http://criminet.ugr.es/recpc/22/recpc22-12.pdf)
Artículo publicado originalmente en el Portal Jurídico A Definitivas el 1 de septiembre de 2021
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