¿DE VERDAD QUIEREN UN PACTO POR LA JUSTICIA?

El pasado 20 de diciembre compareció ante la Comisión de Justicia del Senado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo a fin de explicar las líneas generales de su departamento en la legislatura recién iniciada.

En su exposición exhortó a los grupos parlamentarios a trabajar con consenso y diálogo en todas las reformas que nuestra justicia necesita todavía, citando a Saramago, "estar de acuerdo no significa compartir siempre una razón, pero no hay mejor punto de partida que la búsqueda de soluciones conjuntas".

Os dejo el enlace y el vídeo de la comparecencia y de las intervenciones de los grupos parlamentarios (aunque os aviso que dura tres horas).

Foto Irene Lingua

Curiosamente el día siguiente, el miércoles 21 de diciembre tuvimos la oportunidad de ver si ese diálogo y consenso que se propugna a diferencia de lo ocurrido en la X Legislatura iba en serio o no.

Y es que el PSOE presentó una moción consecuencia de interpelación instando al gobierno a impulsar las reformas que precisa de manera urgente la administración de justicia. 

La moción no contenía nada excesivo y tampoco concretaba demasiado, cuestiones muy básicas de lo que necesita la Justicia recogidas en diez puntos:

1. Asegurar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, garantizando el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, tal y como consagra el artículo 24 de nuestra Carta Magna.

2. Coadyuvar de modo efectivo a la independencia del Poder Judicial y de todos sus órganos, evitando su politización y manteniendo, con las mejoras necesarias la elección parlamentarla de sus componentes.

3. Redefinir la distribución de funciones y competencias en materia de Justicia entre el Consejo General del Poder Judicial, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

4. Garantizar y comprometer las adecuadas Inversiones presupuestarias que precisa la Administración de Justicia.

5. incrementar las plantillas judiciales hasta alcanzar los ratios existentes en el ámbito de la Unión Europea.

6. Desarrollar una nueva Oficina Judicial y Fiscal eficiente, eficaz y con responsabilidad de gestión.

7. Llevar a cabo, de modo consensuado y efectivo, una reorganización territorial y funcional de la Administración de Justicia.

8. Implantar de modo eficiente las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia.

9. Potenciar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en particular, la conciliación, el arbitraje y la mediación.

10. Impulsar una reforma en las funciones que corresponden al Ministerio Fiscal, modificando el régimen estatutario propio de la Carrera Fiscal, reforzando su independencia y redefiniendo su papel en el desarrollo del proceso penal medíante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El PSOE, esta vez, en un ejercicio de diálogo y consenso con nuestro grupo parlamentario aceptó nuestras enmiendas de adición que complementaban su moción. En concreto las siguientes:

1.- Al apartado 1, añadir a continuación del final, “(…), mediante la derogación de la Ley de Tasas y mediante la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, ampliando los supuestos en los que los justiciables tengan derecho de acceso a la misma.”

2.- Al apartado 8, añadir a continuación del final “(…), creando plataformas de gestión procesal y sistemas de notificaciones coordinados en todas las Comunidades Autónomas, garantizando la interoperabilidad entre las mismas. Se deberán promover cursos de formación al personal de Justicia en tecnologías de la información para poder prestar un servicio eficiente al resto de operadores jurídicos y a la ciudadanía”.

4.- Añadir un punto 11: “Garantizar que los actuales Juzgados de Violencia sobre la Mujer no van a disminuir en número, y garantizar mediante los correspondientes presupuestos que se implantarán en todos los Juzgados Oficinas de Atención a la víctima, con personal especializado, durante las 24 horas del día”.

5.- Añadir un punto 12: “Garantizar en los Presupuestos Generales del Estado la adecuada retribución de los Letrados y Procuradores de Oficios, sin perjuicio de las competencias asumidas en la materia por las Comunidades Autónomas”.

6.- Añadir un Punto 13: “La derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, evitando el cierre o archivo precipitado de la fase de instrucción en causas penales”.

7.- Añadir un Punto 14: “Como medida de lucha contra la corrupción se debe prohibir expresamente los indultos a los que hayan sido condenados por delitos relacionados con la corrupción política”.

8.- Añadir un Punto 15: “Crear Oficinas de Atención ciudadana en todos los Juzgados con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos, y proporcionar orientación jurídica, sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en la materia”.

El PP por su parte presentó una enmienda de sustitución, es decir cambiar la moción por la suya. 

Sin rubor alguno apostaban, entre otras perlas, por "seguir asegurando el acceso a los ciudadanos a la justicia", ¿cómo hicieron con las tasas judiciales?, o por "continuar con inversiones y creación de nuevas unidades judiciales", cuando no han creado un solo Juzgado en toda la X Legislatura. Evidentemente su propuesta era inasumible por el resto de grupos pues suponía reconocer lo mucho que habían hecho por la Justicia en la anterior legislatura, calificada por muchos de los operadores jurídicos como nefasta para nuestros juzgados y tribunales, para la independencia judicial y libertades públicas en nuestro país.

Os dejo aquí el enlace del debate parlamentario y el video.

La moción fue rechazada con 112 votos a favor y 143 votos en contra, es decir por el rodillo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.

La primera oportunidad de poner en práctica el consenso y diálogo que postulaba el Sr. Catalá se saldó nuevamente con la oposición del PP a cuestiones muy básicas para la reforma de la Justicia y en las que además existe consenso entre el resto de fuerzas parlamentarias.

Ayer conocíamos que PP y C´S aceptaban en la Mesa del Congreso de los Diputados el veto del Gobierno a la iniciativa del PSOE para suprimir las tasas judiciales. El argumento es que su aprobación afectaría a los presupuestos del Estado. Lo del PP no es nuevo pues ha ejercido el derecho de veto ya en diecisiete ocasiones. Lo raro es que en este caso lo apoye en la Mesa C´S argumentando que no es arbitrario cuando se suponía que había unanimidad en la mayoría de grupos para acabar de una vez con las tasas judiciales a PYMES y ONG´s. En fin.

De momento pues Consenso 0 - Unilateralidad 2.

Seguiremos esperando y reclamando medidas y medios humanos y materiales para llevar a la Justicia al siglo XXI. 

OTRO MAL DÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SENADO.

El pasado 14 de diciembre nuestro grupo parlamentario presentó una moción (enlace al texto), que tuve el placer de defender, instando al Gobierno a que, derogue la actual redacción del artículo  23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativo a la jurisdicción universal, volviendo al enunciado anterior a las reformas  realizadas por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (instada por el PSOE) y por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (instada por el PP). La primera reforma dejó herida a la Justicia Universal, la segunda reforma, la mató.

Unas reformas que han supuesto prácticamente la derogación del principio de justicia universal y que no sólo niegan la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad en el extranjero.

Os dejo el enlace del interesante debate donde podréis ver las posiciones de cada uno de los partidos políticos en la defensa de la justicia universal y, por ende, de los derechos humanos o, si lo preferís os dejo también el enlace al video del debate.

La moción fue rechazada con 47 votos a favor y 203 en contra (PP y PSOE, el primero en defensa de las dos reformas, el segundo en defensa de su reforma).

Las dos reformas fueron motivadas por presiones externas y ahí está la hemeroteca del porqué llegaron esas reformas en esos momentos (la del PSOE por Israel y la del PP, por China), si bien, ninguno de los portavoces de ambos grupos hablaron sobre ello, aunque tampoco lo negaron.

Básicamente la Justicia Universal consiste en que los tribunales de todo el mundo, renunciando a los fueros o puntos de conexión tradicionales, como el de territorialidad y nacionalidad del presunto autor básicamente, persigan incondicionalmente los que podríamos llamar, de modo omnicomprensivo "delitos contra la humanidad". De esa manera se evitaría la impunidad de los delincuentes y a éstos no les habría de quedar lugar en el mundo donde refugiarse de la acción de la Justicia, reforzándose con ello la solidaridad entre Estados.

Mediante el principio fundamental de la complementariedad, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se subraya el hecho de que por si los enjuciamientos internacionales nunca resultarán suficientes para lograr la justicia y se destaca la función primordial de los sistemas jurídicos nacionales para poner fin a la impunidad.

La actual ley, como se desprende de la Constitución, no puede cambiar a su antojo los tratados internacionales añadiendo requisitos y condiciones que éstos no adoptaron. Como tampoco la ley puede contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional, dictada en el caso Guatemala, por la que se determinó la naturaleza de este principio universal y estableció su carácter puro o absoluto, es decir, que se debe ejercer sin sujeción a requisito alguno. 

La norma del año 1985 contemplaba, por tanto, un principio de justicia universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de persecución.

Y frente a las críticas sobre su utilidad, decir que sí, que la Ley ha hecho mucho por la justicia universal. España, gracias al procedimiento seguido respecto del genocidio guatemalteco, contribuyó a que fuera posible el enjuiciamiento de Ríos Montt en Guatemala o a la detención de Pinochet.

España también contribuyó, con la instrucción del caso contra los responsables de la dictadura militar argentina y la condena a Adolfo Scilingo, a la anulación de la Ley de Punto Final y de la Ley de Obediencia Debida, como recordaba la Sentencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina de 14 de junio de 2005, por poner unos ejemplos, aunque a algunos les pueda parecer poco o irrelevante.

En palabras del magistrado Alberto Jorge Barreiro, al final, los graves problemas que se suscitan por el vacío que se está produciendo tanto en el marco normativo como en el jurisdiccional obedecen muy probablemente al mismo mal de origen: la mercantilización del mundo de la política y del derecho y la subordinación de ambos a los poderes fácticos que gobiernan la economía. En un contexto de tal naturaleza no resulta nada extraño que el valor justicia que ha de impregnar la persecución de los crímenes más execrables contra la humanidad quede supeditado a los criterios de mercado.

Asistimos, pues, a un proceso de involución y regresión del principio de justicia universal en el curso del cual el valor de la justicia ha sido en gran medida desplazado por el de la mercancía como nuevo valor superior, al que, si fueren coherentes con sus actos y reformas, los legisladores tendrían que insertar en el artículo 1º.1 de la Constitución.

Hoy precisamente cuando escribía esta entrada, un halo de esperanza llegaba en forma de noticia, al conocer que el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de amparo promovido por el Comité de Apoyo al Tibet, la Fundación Privada Casa del Tibet y Thutben Wangchen contra el archivo, en el Tribunal Supremo, de la causa por supuesto genocidio del pueblo tibetano.

Derechos Humanos o relaciones diplomáticas. Justicia o contratos. 

El compromiso con los derechos humanos se demuestra con los actos y legislando a favor de ellos no con tuits.