El pasado 20 de diciembre compareció ante la Comisión de Justicia del Senado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo a fin de explicar las líneas generales de su departamento en la legislatura recién iniciada.
En su exposición exhortó a los grupos parlamentarios a trabajar con consenso y diálogo en todas las reformas que nuestra justicia necesita todavía, citando a Saramago, "estar de acuerdo no significa compartir siempre una razón, pero no hay mejor punto de partida que la búsqueda de soluciones conjuntas".
Os dejo el enlace y el vídeo de la comparecencia y de las intervenciones de los grupos parlamentarios (aunque os aviso que dura tres horas).
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| Foto Irene Lingua |
Curiosamente el día siguiente, el miércoles 21 de diciembre tuvimos la oportunidad de ver si ese diálogo y consenso que se propugna a diferencia de lo ocurrido en la X Legislatura iba en serio o no.
Y es que el PSOE presentó una moción consecuencia de interpelación instando al gobierno a impulsar las reformas que precisa de manera urgente la administración de justicia.
La moción no contenía nada excesivo y tampoco concretaba demasiado, cuestiones muy básicas de lo que necesita la Justicia recogidas en diez puntos:
1. Asegurar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, garantizando el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, tal y como consagra el artículo 24 de nuestra Carta Magna.
2. Coadyuvar de modo efectivo a la independencia del Poder Judicial y de todos sus órganos, evitando su politización y manteniendo, con las mejoras necesarias la elección parlamentarla de sus componentes.
3. Redefinir la distribución de funciones y competencias en materia de Justicia entre el Consejo General del Poder Judicial, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
4. Garantizar y comprometer las adecuadas Inversiones presupuestarias que precisa la Administración de Justicia.
5. incrementar las plantillas judiciales hasta alcanzar los ratios existentes en el ámbito de la Unión Europea.
6. Desarrollar una nueva Oficina Judicial y Fiscal eficiente, eficaz y con responsabilidad de gestión.
7. Llevar a cabo, de modo consensuado y efectivo, una reorganización territorial y funcional de la Administración de Justicia.
8. Implantar de modo eficiente las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia.
9. Potenciar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en particular, la conciliación, el arbitraje y la mediación.
10. Impulsar una reforma en las funciones que corresponden al Ministerio Fiscal, modificando el régimen estatutario propio de la Carrera Fiscal, reforzando su independencia y redefiniendo su papel en el desarrollo del proceso penal medíante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El PSOE, esta vez, en un ejercicio de diálogo y consenso con nuestro grupo parlamentario aceptó nuestras enmiendas de adición que complementaban su moción. En concreto las siguientes:
1.- Al
apartado 1, añadir a continuación del final, “(…), mediante la derogación de la Ley de Tasas y mediante la reforma de la
Ley de Justicia Gratuita, ampliando los supuestos en los que los justiciables
tengan derecho de acceso a la misma.”
2.- Al
apartado 8, añadir a continuación del final “(…), creando plataformas de gestión procesal y sistemas de notificaciones
coordinados en todas las Comunidades Autónomas, garantizando la
interoperabilidad entre las mismas. Se deberán promover cursos de formación al
personal de Justicia en tecnologías de la información para poder prestar un
servicio eficiente al resto de operadores jurídicos y a la ciudadanía”.
4.-
Añadir un punto 11: “Garantizar
que los actuales Juzgados de Violencia sobre la Mujer no van a disminuir en
número, y garantizar mediante los correspondientes presupuestos que se
implantarán en todos los Juzgados Oficinas de Atención a la víctima, con
personal especializado, durante las 24 horas del día”.
5.-
Añadir un punto 12: “Garantizar
en los Presupuestos Generales del Estado la adecuada retribución de los
Letrados y Procuradores de Oficios, sin perjuicio de las competencias asumidas
en la materia por las Comunidades Autónomas”.
6.-
Añadir un Punto 13: “La
derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, evitando el
cierre o archivo precipitado de la fase de instrucción en causas penales”.
7.-
Añadir un Punto 14: “Como
medida de lucha contra la corrupción se debe prohibir expresamente los indultos
a los que hayan sido condenados por delitos relacionados con la corrupción
política”.
8.-
Añadir un Punto 15: “Crear
Oficinas de Atención ciudadana en todos los Juzgados con el fin de acercar la
justicia a los ciudadanos, y proporcionar orientación jurídica, sin perjuicio
de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en la materia”.
El PP por su parte presentó una enmienda de sustitución, es decir cambiar la moción por la suya.
Sin rubor alguno apostaban, entre otras perlas, por "seguir asegurando el acceso a los ciudadanos a la justicia", ¿cómo hicieron con las tasas judiciales?, o por "continuar con inversiones y creación de nuevas unidades judiciales", cuando no han creado un solo Juzgado en toda la X Legislatura. Evidentemente su propuesta era inasumible por el resto de grupos pues suponía reconocer lo mucho que habían hecho por la Justicia en la anterior legislatura, calificada por muchos de los operadores jurídicos como nefasta para nuestros juzgados y tribunales, para la independencia judicial y libertades públicas en nuestro país.
La moción fue rechazada con 112 votos a favor y 143 votos en contra, es decir por el rodillo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
La primera oportunidad de poner en práctica el consenso y diálogo que postulaba el Sr. Catalá se saldó nuevamente con la oposición del PP a cuestiones muy básicas para la reforma de la Justicia y en las que además existe consenso entre el resto de fuerzas parlamentarias.
Ayer conocíamos que PP y C´S aceptaban en la Mesa del Congreso de los Diputados el veto del Gobierno a la iniciativa del PSOE para suprimir las tasas judiciales. El argumento es que su aprobación afectaría a los presupuestos del Estado. Lo del PP no es nuevo pues ha ejercido el derecho de veto ya en diecisiete ocasiones. Lo raro es que en este caso lo apoye en la Mesa C´S argumentando que no es arbitrario cuando se suponía que había unanimidad en la mayoría de grupos para acabar de una vez con las tasas judiciales a PYMES y ONG´s. En fin.
De momento pues Consenso 0 - Unilateralidad 2.
Seguiremos esperando y reclamando medidas y medios humanos y materiales para llevar a la Justicia al siglo XXI.
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