El pasado jueves se celebró en el Senado una Jornada organizada por la Plataforma Comisión de la Verdad coincidiendo con la celebración el día 24 de marzo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
En la Jornada que no tenía carácter oficial porque la mayoría del Partido Popular en el Senado rechazó su celebración participaron todos los demás grupos parlamentarios. Para que nos hagamos una idea sobre lo prioritario para ese partido, sí tendrá carácter oficial por ejemplo el próximo lunes el Acto de Entrega de los X Premios Taurinos.
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| Foto Irene Lingua |
En el acto se dio a conocer la Declaración por una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo a la que mostramos nuestro apoyo y participaron además de representantes de los grupos parlamentarios en el Senado, representantes parlamentarios de diferentes Comunidades Autónomas, así como personalidades del mundo del derecho, académico y de la cultura.
Transcribo aquí mi intervención en la Jornada sobre políticas de Estado en materia de la Verdad, agradeciendo la imprescindible colaboración de Manuela Bergerot del área de Memoria de Podemos y de mi compañera senadora Vanessa Angustia de En Marea e IU:
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| Foto Irene Lingua |
"Un placer para mí estar en esta Jornada, ya no como político y
representando a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sino a título personal.
Como algunos sabrán comparto nombre y apellido con el tío de mi
abuelo, Joan Comorera, uno de los fundadores del PSUC, ex conseller de la
Generalitat en el gobierno de Lluis Companys y condenado a treinta años de
cárcel por el franquismo y fallecido poco tiempo después de su condena en el
Penal de Burgos.
Pero mi familia al menos tuvo suerte, en abril de 1985 sus restos
regresaron a Cataluña, no así como los miles de desaparecidos abandonados en
las cunetas y que nos alzan al segundo puesto del ranking mundial de
desaparecidos forzados.
Partiendo de la doble premisa de que la memoria es un derecho
ciudadano y de que en España no se ha implementado todavía una verdadera
política pública de memoria, es imprescindible un proyecto sobre memoria
democrática y cultura de los derechos humanos, articulada, al igual que lo hace
el derecho internacional en esta materia, en torno a la triada “memoria, verdad
y justicia”, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU.
Es una cuestión del presente, porque hoy en
día hay mujeres y hombres con derechos fundamentales desatendidos: el derecho a
dar un entierro digno a sus familiares que se hallan en fosas comunes, el
derecho a conocer la verdadera identidad de miles de hombres y mujeres que
fueron apropiados de sus madres, el derecho a la justicia de los que lucharon
contra la dictadura y sufrieron represión, tortura, cárcel, exilio y trabajos
forzados…
Es una cuestión del presente, por el derecho
de la sociedad a conocer la Verdad frente a la política del silencio y el
olvido, el derecho de las generaciones más jóvenes a crecer en una democracia
plena, incompatible con el marco de impunidad que hemos heredado de la
dictadura.
Hasta día de hoy, las políticas memorialísticas desarrolladas por
el Estado desde la restauración de la democracia han puesto su acento en
querer pasar página de los hechos más convulsos de nuestro pasado reciente,
como la guerra civil y el franquismo, y han construido un relato que, al mismo
tiempo que equiparaba los dos bandos de la guerra civil, negaba el
reconocimiento oficial a las víctimas del franquismo. Difícilmente se puede
hacer efectivo el derecho a la memoria, el derecho a recordar, si no
reconocemos, identificamos, dignificamos y hacemos justicia con las víctimas de
la violencia franquista.
Es por el país del futuro que queremos ser.
Por ello, desde Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea defendemos 3 tipos de políticas:
1. Políticas para el derecho a la memoria
orientadas a generar garantías de no repetición.
2. Políticas de acceso a la justicia para las
víctimas del franquismo.
3. Políticas para el derecho a la verdad.
La búsqueda de reconciliación con un pasado
marcado por experiencias traumáticas exige conocer oficialmente la verdad en torno al papel jugado por el
estado y sus funcionarios.
Es necesario demandar al parlamento una
iniciativa de este tipo para investigar a fondo y tener un posicionamiento
institucional crítico y condenatorio sobre la guerra civil, la dictadura y los
vestigios autoritarios en las instituciones armadas durante la transición a la
democracia.
Cuando hablamos de “Verdad” nos referimos al
derecho a investigar y restablecer oficialmente los hechos del pasado, teniendo
siempre presente la función pedagógica para las generaciones más jóvenes y
futuras.
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| Foto Irene Lingua |
Hay que aplicar y desarrollar de manera
efectiva la Ley de Memoria histórica, se debe promover la eliminación o
resignificación de símbolos o monumentos de exaltación franquista, la creación
de Lugares de Memoria como espacios pedagógicos en todo el territorio, identificación
y visibilización de espacios donde se produjeron hechos significativos o donde
se desarrollaron prácticas represivas, torturas y fusilamientos, garantizar el
acceso a los archivos públicos y privados y la desclasificación de los fondos
relativos a este periodo y un sistema educativo que promueva una memoria
democrática, así como la formación de funcionarios públicos y de las fuerzas de
seguridad del Estado.
Hay que crear un Alto Comisionado de
apoyo a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista que se encargue del cumplimiento de esta legislación y de una
fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a todos aquellos que sufrieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Entendemos la misma como una herramienta que garantice
el derecho a la Justicia y la Reparación.
Proponemos además que el Estado asuma con cargo a sus presupuestos generales, las tareas de
localización, exhumación, identificación y dignificación de las fosas comunes y
de las personas enterradas a consecuencia de la violencia franquista.
La creación de un banco de ADN para identificar las
víctimas de la guerra civil y del franquismo.
La declaración de nulidad de pleno derecho de todas las sentencias
y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos,
ideológicos o de creencia por cualesquier de los tribunales o órganos penales o
administrativos de la dictadura franquista.
Y el reconocimiento como un problema de Estado del robo masivo y
sustracción de bebés.
Defendemos y trabajamos por una recuperación
de la memoria además con perspectiva de género: es necesario que la
recuperación del relato histórico incluya todas las verdades que fueron
borradas de la Historia oficial, pero en especial, a la discriminación de la
mujer en la escritura de la Historia. Porque durante la Guerra Civil, las
mujeres sufrieron abusos sexuales como estrategia de guerra y represión,
condenadas a la marginación, la dependencia y la subordinación, además de los
efectos más opresivos de la educación. Durante la dictadura, las mujeres fueron
víctimas de una doble represión, por sus ideales y por su condición de mujeres,
por no representar el modelo de mujer/madre/esposa sumisa que se sustentaba
desde el régimen.
La política pública estatal debe propiciar la construcción
de memoria colectiva que, lejos de reabrir heridas o establecer nuestra mirada
dirigida al pasado, nos permita construir un presente de dignidad y avanzar
como sociedad. Lo que no es admisible para una sociedad democrática es sepultar
en el olvido la memoria.
No es mirar al pasado con revancha, es buscar
la verdad, que siempre es reparadora pero no solo para las víctimas sino para
toda la sociedad y eso no es reabrir heridas, lo que es inadmisible es que un
Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el
pasado.
Por eso creemos que es necesario que el Estado reconozca que la
memoria, el derecho a recordar, es un derecho
democrático universal".
