Artículo publicado originalmente el 17.02.17 en El Huffington Post.
El pasado 20 de diciembre compareció ante la Comisión de Justicia del Senado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo a fin de explicar las líneas generales de su departamento en la legislatura recién iniciada.
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| Foto Irene Lingua |
El Ministro de Justicia, Rafael
Catalá viene insistiendo en todas sus comparecencias tanto públicas como
parlamentarias en la necesidad de un gran pacto nacional sobre justicia, que
incorpore además de los partidos políticos, a las instituciones y a los
profesionales de la justicia, es decir apela al necesario consenso para
reformar de verdad a la hermana pobre de los poderes del Estado.
Dos son los grandes objetivos
para esta legislatura del Ministro, al menos en el ámbito del derecho penal,
una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (la actual es del siglo XIX con
múltiples parches) y traspasar la instrucción de los procedimientos penales al
Ministerio Fiscal en lugar de los Jueces de Instrucción como hasta ahora.
Sin embargo los pasos que por el
momento está dando el Ministro y el gobierno desprecian ese consenso al que
siempre alude el Ministro.
Consenso es un término que
procede del latín “consensus” y que hace referencia al acuerdo producido por
consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.
Si alguna cuestión
tiene“consenso” entre partidos politicos, instituciones y profesionales de la
justicia es la derogación de la reforma del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que aprobó en solitario el Partido Popular en la X
Legislatura, es decir la limitación de los plazos de instrucción o
investigación por parte de los Juzgados.
En la pasada legislatura
fallida y en la actual se han aprobado sendas Proposiciones No de Ley en el
Congreso de los Diputados instando al gobierno a derogar el artículo 324. Seis
asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspension de su entrada en
vigor, calificando públicamente la reforma de auténtica ley de punto final. En
las conclusiones de la XXV reunión nacional de Jueces Decanos de España (órgano
de representación de los jueces elegidos por los propios jueces
democráticamente) la conclusión con respecto a esta reforma fue clara: “va a tener un efecto
sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la
instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni
aporta, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de
personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y
que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizer”.
No cabe duda que la
agilización de procesos es siempre un objetivo loable pero la redacción
aprobada supone un grave desconocimiento de la realidad de la Administración de
Justicia, infradotada de medios personales y materiales, dejando además la
posibilidad de solicitar prórrogas en manos de la Fiscalía, quien a día de hoy
no es el instructor del procedimiento. Tal y como está a día de hoy fomenta la
pena de banquillo (acusaciones sin investigaciones completas que pueden acabar
en Sentencias absolutorias) o lo que puede ser peor, la impunidad.
Pues bien, a pesar de ese
“consenso” entre todos los grupos parlamentarios (excepto el PP, claro) y
profesionales de la justicia, la semana pasada el Ministro de Justicia a la
pregunta de si el gobierno pensaba derogar el actual redactado del artículo 324
contestó claramente que no lo piensan derogar. Habrá por tanto que llevar al
Parlamento una proposición de ley para reformarlo.
Lo mismo ha ocurrido con
las tasas judiciales para pymes y ONGs, a pesar del “consenso” para eliminarlas. Aquí el gobierno se ampara en el veto
presupuestario para no eliminarlas.
Lo próximo sera la reforma
de la justicia universal aprobada esta semana pasada en otra proposición no de
ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El gobierno ignora los
“consensos” parlamentarios despreciando al poder legislativo y con estos
antecedentes es difícil creer que en la creación de la subcomisión para el
estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia en la Comisión de
Justicia del Congreso llegue a buen puerto.
La definición de consenso
de momento pasa por estar de acuerdo con lo que propone el Partido Popular y
despreciar los acuerdos del resto de grupos parlamentarios o la opinión de los
profesionales aunque estos sean mayoritarios.
Y mientras la Justicia
sigue igual de abandonada.
Así no.
