Uno de los primeros temas que se discutieron en las comisiones de
justicia tanto del Congreso de los Diputados como del Senado en la pasada legislatura
fue la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
introducido por el gobierno de la mayoría absoluta del PP en 2015 pese a la
crítica unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales.
Es el artículo que establece plazos de tiempo máximos para la
instrucción de las causas penales, también llamada ley Berlusconi o ley de
punto final.
El 4 de octubre de 2016 se aprobó en el Congreso una proposición no de
ley por la que se instaba al gobierno a iniciar con urgencia los trabajos
necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación. Solo tuvo la oposición
del PP. Por esa misma razón no fue aprobada la moción en el Senado, dada la
mayoría absoluta en dicha cámara del PP.
Dado que el gobierno de Rajoy no cumplió con lo que se le instaba
desde el Congreso, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presentó el 13 de marzo de 2017, una proposición de ley de derogación del plazo
máximo de instrucción. El 11 de mayo de 2017 fue aprobada su toma en
consideración por el Pleno del Congreso.
A partir de ahí empieza un ejercicio de filibusterismo parlamentario
nunca visto por parte de PP y Ciudadanos a fin de impedir la tramitación de la proposición
de ley conociendo la existencia de una mayoría parlamentaria suficiente para
llevar a cabo la derogación. Así, se realizaron 57 ampliaciones de plazo de
enmiendas, 5 ampliaciones de plazo de enmiendas al articulado y el rechazo de una
enmienda a la totalidad del texto alternativo presentado por el grupo popular. Todo
ello para la reforma de un artículo. Un boicot en toda regla.
Mientras esto pasaba en el Parlamento, en los juzgados quedaban impunes
casos de presunta corrupción como el caso Pasarelas en Murcia, el caso Colina
Roja en Granada o el caso Conservatorio en Ceuta, entre otros.
A vista de ello y tras las reiteradas reclamaciones de las asociaciones
de jueces y fiscales para la derogación, la Ministra de Justicia, Dolores
Delgado, les trasladó que el único obstáculo que existía para no tramitar la
derogación vía Real Decreto-Ley consistía en la existencia de la iniciativa parlamentaria
de la Proposición de Ley en trámite en el Congreso.
Antes de acabar la legislatura el grupo Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea retiró la proposición de ley, despejando por tanto el obstáculo
al que aludía la Ministra de Justicia para poder aprobar la derogación mediante
un Real Decreto-Ley.
Ha pasado un mes desde la retirada de la proposición de ley.
El pasado viernes, el gobierno confirmó que después de aprobar 34 Reales
Decretos en solo 10 meses, no aprobará ninguno más.
El supuesto Real Decreto de derogación del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no ha sido aprobado.
Ni Partido Popular, ni Ciudadanos ni PSOE han querido acabar con la
ley de punto final y la vía de escape para la impunidad sigue abierta. Ellos
sabrán la razón.
 |
| Foto Irene Lingua |
abogado penal Murcia
ResponderEliminarObtener el mejor abogado penal y abogado extranjeria servicios en Murcia. Nosotros son especialistas en penal ley, ese proporcionar el abogado penal y abogado extranjeria servicios para legal ley.
to get more - https://escribanoabogados.com/servicios