La pasada semana se debatió en la
Comisión de Justicia del Senado una moción, que solicitaba la transferencia del
alojamiento de la información y la gestión de la plataforma Lexnet a servidores
exclusivamente dependientes del poder judicial, pues actualmente dependen del
Ministerio de Justicia y además los servidores están alojados en dependencias
de una conocida empresa de telefonía privada.
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| Foto: Irene Lingua |
La propuesta de nuestro grupo
parlamentario contó con el voto favorable del PSOE, la abstención de PNV y
PDCAT y el voto en contra del PP.
Puede parecer un tema baladí pero
no lo es en absoluto pues afecta a uno de los principios rectores de cualquier
Estado de derecho, la separación de poderes. Es decir, las funciones
legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, a fin de
que se limite las facultades del gobierno y se protejan los derechos
individuales.
Prueba de que el debate importa ha
sido su repercusión en redes sociales. El vídeo del debate en la comisión de
justicia ha tenido más de 2.000 reproducciones sólo en mi canal de You Tube en
un par de días, cifra nada desdeñable cuando hablamos de un debate político de
una comisión del Senado en un vídeo de 17 minutos.
Para los no iniciados en el mundo
judicial les diré que Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de
información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores
jurídicos. Tal y como está organizado el sistema actualmente, el Poder
Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en
lo que se refiere a procedimientos judiciales (órganos judiciales, litigantes,
profesionales intervinientes, objeto del litigio y, todo ello en tiempo real),
es decir una especie de Gran Hermano judicial.
Imaginemos que todos los abogados y
procuradores tuvieran que ir a la sede del Ministerio de Justicia a presentar
todos los escritos y que todos los atestados policiales tuvieran que ser
entregados en la sede del Ministerio de Justicia. Y después toda esa
información en manos del Ministerio de Justicia la depositara en los almacenes
de una empresa privada.
Si eso hubiera pasado antes de la
revolución tecnológica nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza por ser
contrario a la separación de poderes. Bueno, pues eso es lo que está pasando hoy
en día con Lexnet.
El sistema LexNet es un ejemplo perfecto de
ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la
era digital. Es lo que denominó el filósofo estadounidense Langdon Winner en
1978 como “sonambulismo tecnológico” para aludir a la falta de conocimientos
tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno.
Necesitamos otra arquitectura de la
información para el Estado del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos han
implantado.
En palabras del abogado y doctor en filosofía de la
tecnología Javier de la Cueva:”De esta manera, mediante la ejecución de una
tecnología hemos inoculado en el sistema político un permiso al poder ejecutivo
para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante
una ley”.
¿Tenemos
que creernos que se va a respetar la absoluta confidencialidad de Lexnet por un
gobierno que ya ha dado muestras sobradas de su injerencia en el poder
judicial?.
Lamentablemente
el único argumento de la representante del PP fue Venezuela.
El
debate se traslada ahora al Congreso de los Diputados, donde mi compañero Jaume
Moya ya ha presentado una proposición de ley en el mismo sentido. Repito, un
debate de calado sobre la separación de poderes en el siglo XXI. Esperemos al
menos un debate sosegado y de profundidad.
(os dejo el link del interesante debate de la moción).
