Ahora que el Tribunal Constitucional en una Sentencia tardía y muy discutible jurídicamente ha declarado la inconstitucionalidad de parte de las tasas judiciales conviene recordar las palabras del promotor de la ley, el ex ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón con la connivencia del partido que las aprobó y las mantuvo, el Partido Popular.
No voy a analizar aquí la Sentencia, pues lo dejo a juristas mucho más ilustrados y estudiosos de la materia que poco a poco nos van dejando sus comentarios sobre la misma en sus blogs. Os dejo aquí algunos enlaces sobre posts interesantes sobre la materia:
Lo que aquí quería recordar fueron las insultantes palabras para la profesión que hizo en su día en el Congreso de los Diputados el ex ministro Sr. Gallardón.
En una sesión de control al gobierno, además de defender la constitucionalidad del aumento de las tasas judiciales que iban a ayudar a desatascar los Juzgados y defender los beneficios que supondrían para la justicia gratuita (leerlo ahora tiene un cariz insultante cuando ni un solo euro de lo recaudado ha sido destinado a la Justicia), afirmaba que las tasas judiciales no habían encontrado rechazo social, sino una "reacción corporativa".
Reproduzco aquí el diario de la sesión plenaria del 28 de noviembre de 2012:
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON ÀLEX SÁEZ JUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA LA REACCIÓN SOCIAL ANTE LA LEY DE TASAS JUDICIALES? (Número de expediente 180/000329).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, don Álex Sáez Jubero, del Grupo Socialista.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo que usted ha conseguido en el actual contexto no es nada fácil: concitar un amplio consenso de grupos parlamentarios, de operadores jurídicos, de ciudadanos, contra su Ley de Tasas Judiciales. Una ley, señor ministro, que -usted lo sabe bien- generaliza el pago de tasas judiciales al conjunto de los ciudadanos, cuando hasta la fecha únicamente venían obligados a ello las grandes entidades mercantiles con un volumen de negocio que sistemáticamente acuden a juzgados y tribunales.
Conoce nuestra posición, es una ley que rompe el principio de igualdad en el acceso a la justicia y que además impide a muchos ciudadanos que puedan tener la tutela judicial efectiva. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario ya le ha anunciado la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Además, es una ley que viene precedida de una notable falta de diálogo con los operadores jurídicos, con los grupos parlamentarios, que nos vimos la mayoría obligados a darle un plante en la Comisión de Justicia ante la falta de diálogo con los grupos. Además, viene con una notable improvisación en su entrada en vigor. Desoyó al Consejo de Estado, que en el dictamen que hizo en julio le aconsejaba la aplicación de un régimen transitorio. Y además, al día siguiente de la entrada en vigor, se vio obligado a establecer una instrucción a los secretarios judiciales pidiéndoles que incumplieran la ley -lo que nos parece una irresponsabilidad política- y que no exigieran las tasas porque todavía no estaba el formulario de autoliquidación de esta tasa judicial. ¿Qué le supone al ministro el rechazo social que ha tenido esta Ley de Tasas? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señor Sáez Jubero, me pregunta usted por la reacción social o por el rechazo social. A lo que existe un rechazo social en España es al mal funcionamiento de la justicia, que según la última encuesta del CIS, realizada cuando todavía ustedes estaban en el Gobierno, es el servicio público peor valorado de todos los que se prestan en España. La Ley de Tasas, como un instrumento más que va a hacer posible la extensión de la justicia gratuita es, sin duda ninguna, un instrumento para resolver esa situación. Habla usted de reacción social. No, señor Sáez Jubero, ha habido, es cierto y yo lo respeto, una reacción corporativa, como siempre que se establecen cambios en este país. Pero usted ha venido aquí no a defender los intereses de los ciudadanos, que son los que defiende el Gobierno, sino los legítimos derechos de determinadas corporaciones. (Rumores). Es su elección, señor diputado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Señor ministro, no nos convence. Tome medidas que impidan que las personas físicas tengan que hacer el pago de esas tasas judiciales. ¿Le parece a usted proporcionado -hay múltiples ejemplos- que un ciudadano tenga que pagar por una reclamación de 3.500 euros 1.165 euros de tasas en Cataluña por doble imposición y 985 euros en el resto de comunidades autónomas? ¿No es esta una barrera de acceso a la justicia, señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Si habla usted de doble imposición en Cataluña y teniendo en cuenta que el título de jurisdicción es competencia exclusiva de la Administración General del Estado y no de las comunidades autónomas, explíqueme usted por qué ustedes han apoyado esa doble imposición en el Parlament de Catalunya. Es una contradicción.
Me va a permitir, señor diputado, que le lea un anuncio que ya leí en su momento pero que usted, naturalmente, no estaba obligado a escuchar. Es una cuña publicitaria, una cuña que podría haber oído usted esta mañana viniendo en coche hacia el Congreso de los Diputados. Se titula: Cómo ganamos recursos de multas. Dice así: ¿Sabías que puedes evitar perder los puntos y pagar las multas? No importa la gravedad de la infracción, con la empresa equis -me perdonará el señor presidente que no haga propaganda- nos das tu multa, redactamos el escrito de alegaciones y se lo mandamos a la Administración. Ellos probablemente nos devuelvan un trámite de audiencia y nosotros les devolvemos otras alegaciones, y así empieza un partido que puede durar de seis meses a dos años. Lo importante -sigue diciendo esta empresa- es que pasamos el recurso al otro campo, a la Administración, que tarde o temprano cometerá un fallo en el procedimiento y ahí es cuando ganamos el recurso y no pagas la multa. En la empresa equis llevamos quince años practicándolo.
Señor diputado, ¿es esta la justicia que usted quiere? (Protestas.-Un señor diputado: ¡Venga, hombre!). ¿Usted pretende un instrumento que lo que haga es que no se pueda de verdad administrar justicia? Señor diputado, esta empresa anteayer anunció lo mismo que usted ha anunciado, que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Defensa corporativa. Está usted en su derecho.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pues no, no era una reacción corporativa, era una norma inconstitucional que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva. Espero que al menos tengo la decencia de disculparse.
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